Ante las posible presión política por el juicio a los dos ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como 24 ex altos cargos por el multimillonario fraude de los ERE, los magistrados de la Audiencia de Sevilla parecen protegerse.

Damián Álvarez, presidente de la Audiencia, en conformidad con los presidentes de las secciones penales han acordado que el juicio recaiga por sorteo en las secciones que pueden asumir el proceso, la Primera, Tercera y Cuarta.

Con esta fórmula, que debe ser aprobada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se quiere evitar que se sepa con antelación el tribunal que estará encargado, que se fija según la fecha en que sea remitido el caso por el juzgado de instrucción.

Los rumores y sospechas por la actuación de la juez instructora, María Núñez Bolaños, por el retraso a la hora de elevar el caso han llevado a la audiencia a tomar esta medida.

La juez Núñez, a la que la magistrada Mercedes Alaya calificó como amiga del consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, está levantando malestar en la Audiencia por no argumentar bien su auto sobre el miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz, Carmelo Gómez. Por esta causa, la magistrada recibió una dura reprimenda del TSJA porque retrasaba el juicio por su ‘déficit argumental’.

Fuentes jurídicas afirman que el retraso de la juez Núñez levanta sospechas porque las fechas determinan el tribunal que juzga la causa. Con la presidenta de la Junta en la previsible candidatura a dirigir el PSOE, este caso podría afectar a la imagen del PSOE andaluz que ahora preside Susana Díaz.

La causa llevará ante el tribunal a los ex presidentes y algos cargos de la Junta para juzgar la responsabilidad penal en la creación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de reparto de 941 millones de euros a empresas en crisis y prejubilados entre los años 2000 y 2011 con cargo a un fondo de reptiles, la partida presupuestaria 31.L.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán se enfrentan a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación en el caso de ambos y malversación en el caso de Griñán. A ambos les piden inhabilitación para ejercer cargo público y 6 años de cárcel en el caso de Griñán.  

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