El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha ordenado la intervención de 17 cuentas de correo electrónico de la Junta de Andalucía por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Gobierno de Susana Díaz de la mina de Aznalcóllar.

La mayoría de las cuentas de correo corresponden a la Consejería de Empleo, entre ellas está la de María José Asensio, viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, Luis Nieto, su antecesor en la viceconsejería y Vicente Fernández, interventor general de la Junta de Andalucía y ex secretario general de Industria, Energía y Minas.

De esta forma la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), está analizando éstas cuentas del ejecutivo de Susana Díaz. Las demás cuentas son de funcionarios y cargos intermedios, sobre todo de la Consejería de Empleo y que intervinieron en la tramitación del concurso de adjudicación de Aznalcóllar.

Emerita Resources, la otra empresa aspirante, denunció ante la Audiencia de Sevilla el concurso alegando ilegalidades ‘severas’.

El Consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, estaba dentro de las listas de correos electrónicos ordenados por Patricia Fernández, juez de instrucción en su auto, pero al ser diputado autonómico se ha librado de la investigación por su aforamiento. En su auto, la juez decretaba la apertura de una pieza separada y secreta dentro de la causa que investiga la concesión de la mina.

El pasado día 9 decretó el levantamiento del secreto de las actuaciones, como la intervención de la UCO entrando en la Consejería de Empleo para requisar material informático. Concretamente la juez ha señalado que deben investigar el periodo comprendido entre los años 2013 y 2016.

El caso se abrió de nuevo en un auto donde intervino como ponente la juez Mercedes Alaya donde se detallaba que se habían cometido “ilegalidades severas y arbitrarias” por responsables del gobierno de Susana Díaz.

Según el tribunal, la Junta no respetó la legalidad, ni las bases del concurso que la misma administración había establecido de forma discrecional. El “elevado número de omisiones e incumplimientos” que hubo en el procedimiento, según el auto, no descarta en absoluto la comisión del delito de prevaricación en todas las fases del concurso, desde la presentación de las ofertas de las empresas hasta la adjudicación otorgada por el gobierno de Susana Díaz.

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