Según la juez Núñez Bolaños, el Partido Popular andaluz recurre su archivo de la pieza política del multimillonario fraude de los cursos de formación “en un intento de mantener esta causa abierta” para conseguir “réditos políticos”.

La juez, que vino a sustituir a Mercedes Alaya, ha cerrado la causa que involucraba a 24 exaltos cargos de la Junta incluyendo al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y todos los ex delegados de Empleo de todas las provincias de Andalucía.

La juez Mercedes Alaya, la magistrada que realizó la extensa investigación, utilizó la misma expresión “reditos políticos” cuando razonó que “Fue el propio partido del gobierno -PSOEA-, al engrasar durante años y de esta forma las relaciones con empresarios y sindicatos, lo que le generaría réditos políticos y electorales”, señaló en su exposición.

En su último auto rechaza el recurso interpuesto por los letrados populares y resolvió desprecintar los expedientes que estaban en la Consejería de Empleo de la Junta.

El Partido Popular andaluz afirma que esta decisión es “nula de pleno derecho” ya que la magistrada está en una causa de abstención y “está advertida en innumerables escritos y recursos presentados por esta parte, a pesar de lo cual sigue haciendo caso omiso y continúa dictando resoluciones”.

A pesar de que la Fiscalía afirma que los despachos “no han sido investigados” la juez ordena el desprecinto pasa los expedientes al Gobierno de Susana Díaz “en un claro ataque” que, según el PP andaluz, transgrede “el derecho a un proceso con todas las garantías" al cerrar "precipitadamente" la pieza 'política' del multimillonario fraude de los cursos.

Y, según el PP, “sin practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y sin haberse dado traslado a las partes de la documentación incautada, ni haber permitido” a la Guardia Civil investigar, resaltando que es un sobreseimiento provisional y “no libre”, y por tanto, “permite reabrir la investigación en el momento que aparezcan nuevos hechos o indicios que permitan continuar la investigación iniciada”.

Los populares pidieron que la juez entregara a la UCO los expedientes para su investigación pero Núñez se niega ya que “no integra, ni constituye el derecho a la tutela judicial efectiva, la facultad de investigar sin que conste indicio alguno de ilícito penal.(...) investigar o instruir no es equivalente a causa prospectiva y generalizada, como parece pretender el recurrente, en palabras del Ministerio Público, salvo que como alegan las partes en la impugnación del presente recurso lo que pretenda el PP-A sea 'buscarlos, a ver si aparecen' y todo ello en un intento de mantener esta causa abierta 'con el fin de obtener réditos políticos' ”.

De esta forma, la polémica juez, a la que el PP andaluz acusa de favorecer al PSOE andaluz en determinadas actuaciones, rechaza la posibilidad de investigar a la UCO como así lo piden los agentes.


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