La lista de gente afectada por denunciar la corrupción es cada vez mayor en España. No solo las extrañas coincidencias, un nuevo juez que investiga al PP o al PSOE y que tiene problemas con la justicia. Tras el caso de Elpidio Silva y Baltasar Garzón, Mercedes Alaya, el último juez que ha puesto en aprietos al PP últimamente, lo investigará el Consejo General del Poder Judicial. El que verá la cabeza de caballo en su cama será el juez Eloy Velasco, responsable de la Operación Lezo.

Elpidio Silva investigó al amigo personal de José María Aznar, Miguel Blesa, y lo pagó muy caro apartado de la carrera judicial por 17 años como dictaminó el Supremo, concilio bipartidista. Los correos corporativos que él investigo apuntaban al desfalco de las Tarjetas Black así como a muchos presuntos delitos societarios, el fraude de las preferentes, y que algún día tendrá que responder ante el juez, esperemos. Baltasar Garzón investigó la trama Gürtel, la mayor red corrupta de financiación ilegal de un partido político tras FILESA, también fue apartado de la judicatura.

Otra juez, la juez Mercedes Alaya, que persiguió los mayores casos de corrupción de España, los ERE y la formación en Andalucía. Son los mayores fraudes, multimillonarios, abismales, aunque los medios del duopolio no hablen de ellos. La juez fue ascendida rápidamente para quitarle los casos con el pacto bipartidista como ella misma denuncia. La juez señala directamente un pacto de silencio entre los dos grandes partidos que sufren los jueces que investigan la corrupción para taparse las vergüenzas unos a otros. La quitaron para poner a una juez de familia, que en su vida había tratado temas así, amiga del Consejero de justicia del PSOE-A, esa gran Familia, y que está siendo muy polémica en sus actuaciones por archivar causas, retrasar fases de instrucción y no permitir a la Policía o a la Guardia Civil intervenir.

Pero la lista es inmensa, empezando por Teodoro Montes, del cual no hablan los medios nacionales porque afecta a Susana Díaz. Teodoro Montes sufrió acoso laboral durante años por denunciar el multimillonario fraude de los cursos de Formación, el auténtico “chollo de la Junta”, como declaró.

Montes es uno de los cientos de funcionarios y trabajadores privados represaliados en Andalucía y en otras partes de España, por denunciar la corrupción. Entre ellos, por nombrar solo los más famosos, está por ejemplo Azahara Peralta, exdirectora de Obra de Acuamed que sufrió acoso laboral, y que declaró “me echaron por negarme a firmar sobrecostes” de 40 millones. Acuamed, caso muy silenciado porque afecta al entorno de la vicepresidenta del gobierno. O José Luis Peñas, al que Esperanza Aguirre llamó 'hijoputa' por grabar la trama Gürtel y denunciar la corrupción del PP en Madrid, cuya mujer fue apartada de la carretera por un coche que se dio a la fuga. 

Otra persona que fue acosado por denunciar la corrupción es Luis Gonzalo Segura, militar que detalló la corrupción en las Fuerzas Armadas y le costó casi 5 meses de arresto y tras esto, expulsado por publicar dos libros donde describía el fraude en el ejército.

Iziar González, desveló el caso Palau, recibió amenazas de muerte por ello y perdió su puesto de trabajo.O Ana Garrido, la funcionaria que denunció la trama Gürtel, y que en la actualidad vende collares que ella hace, perdió su empleo como funcionaria tras sufrir acoso laboral, sufrió amenazas de muerte, perdió su casa y ahora subsiste a duras penas vendiendo collares.

El gobierno y el PP, y sus secuaces bipartidistas, están controlando los mecanismos para poder tapar la corrupción. Se acosa a ciudadanos, a fiscales, jueces para que tapen todo. Y ahí está la clave de lo que sucede entre los partidos bipartidistas y los silencios mediáticos, la derecha que controla el país. No se habla de la lista Falciani, ni de los amnistiados por Rajoy, se protege a las constructoras, porque saben de los partidos todo. España no vive en Democracia, la Familia Tattaglia y la Familia Corleone controlan los hilos.


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