El “testigo protegido” que detalló ante la juez Mercedes Alaya la gran cantidad de irregularidades cometidas en el multimillonario fraude de los cursos de formación está sufriendo desde hace años el 'acoso' de la administración que dirige Susana Díaz.

El empleado público que destapó la corrupción en los cursos de formación de la Junta, con un total de 3.000 millones de presupuesto en una década, sufrió amenazas y presiones lo que le llevó a la magistrada la concesión de “testigo protegido” como ocurre en casos de narcotráfico, contra bandas organizadas y otras grandes tramas mafiosas donde hay riesgo físico para la persona que denuncia.

La Junta, presidida por Susana Díaz, no ha cesado en sus comportamientos extraños sobre el jefe del departamento de Gestión de FPO, Formación Profesional Ocupacional.

En diciembre el funcionario pidió amparo al Parlamento andaluz mediante una denuncia pero, a pesar de entregar un escrito en dos ocasiones, ambos documentos desaparecieron del registro de la cámara andaluza. La oposición manifestó de forma rotunda la gravedad de los hechos sin que se dieran explicaciones sobre el extraño suceso.

Tras reducir la plantilla bajo su dirección en más de un 75% y llegar a construirle un tabique dentro del despacho, ahora la Junta de Susana Díaz, no le permite acceder a la información sobre los cursos.

Susana Díaz reconoció en la cámara andaluza el 8 de octubre de 2015 que había paralizado los cursos para los parados y trabajadores andaluces porque seguían fuera de control, y para que, según la oposición, no le salpicara la corrupción a la presidenta en su carrera personal.

Esta paralización ha hecho perder a Andalucía 800 millones de euros, más de 130.000 millones de pesetas, por una decisión personal de Griñán (200 millones) y de Susana Díaz (600 millones).

Según publica EL MUNDO ha remitido la denuncia a su superior, al delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, Juan Borrego Romero, de que no tiene acceso a las claves informáticas para realizar su trabajo, fiscalizar los cursos de formación. En su escrito el funcionario relata:

"Cansado y aburrido de solicitarle a mi jefe de servicio de Formación Profesional para el Empleo (FPE) las claves de las distintas aplicaciones y herramientas informáticas sin obtener resultado alguno, lo puse en su conocimiento mediante escrito de fecha de registro 10/5/2017. Sin obtener al día de hoy noticia alguna respecto a lo solicitado” detalla el testigo protegido que lleva meses solicitando “con urgencia que se facilite al departamento de Gestión de FPO las claves solicitadas y, en caso negativo, exijo que se me dé por escrito la intención de mis superiores de que el departamento de Gestión de FPO no trabaje para poder actuar en consecuencia”.


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