El gobierno de Susana Díaz lleva 3 años eligiendo a dedo 1200 directores de centros educativos

Unos 1.200 directores de centros educativos de Andalucía serán nombrados a dedo por el gobierno de Susana Díaz para el curso 2017-2018 contraviniendo la ley nacional aún vigente, la Lomce.

Esta grave irregularidad se ejecutará sí o sí, por el retraso de más de tres años en la redacción y aprobación del decreto para legislar la designación de estos cargos. De esta forma, la Consejería de Educación decidirá, por tercer año consecutivo, según su único criterio, quiénes serán directores y no por la comunidad educativa como ocurre en la mayoría de las autonomías.

Según la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía (USIE-A), la oposición a la Lomce, que a su vez, no ha sido acompañada de trabajo legislativo conduce a un vacío legal. De este modo, la inacción de una mayoría parlamentaria, como la que sostiene al Gobierno de Susana Díaz, de PSOE-A y Ciudadanos, ha hecho que se retuerza la ley o se ignore, y sean, los delegados territoriales los encargados de elegir a los responsables de los centros educativos andaluces desde hace tres años. 

El sindicato denuncia que se ha dejado fuera a la Inspección de Educación «nuevamente» y suspende a la Consejería de Educación por su gestión.

USIE-A denuncia que Andalucía está «a la cola» de España en FP dual, tanto en número de centros que la imparten como en el escaso número de ciclos formativos que se imparten y añade que no hay becas mensuales al estudio como sí ofrecen otras comunidades en España. 

A su vez, el sindicato afirma que siguen los recortes en Educación, y pone como ejemplo las plantillas de centros bilingües, y critica la «improvisación», como detalla EL MUNDO, a la hora de implantar una segunda lengua extranjera en Primaria.

En cuanto a las condiciones laborales y las de los alumnos tras semanas de denuncias durante la ola de calor,  el vicepresidente del sindicato, Manuel López declara a EL MUNDO: «es fácil: las aulas donde estudian los alumnos desde los tres años deben tener, como mínimo, las mismas condiciones de los altos cargos de la Consejería».

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