La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no han podido encontrar en los correos electrónicos a los que han tenido acceso. Datos de la Junta de Andalucía que acrediten presiones o indicaciones a alguna de las empresas que participaron en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

Los agentes han analizado 124.012 correos de las cuentas institucionales de altos cargos y funcionarios de la Junta vinculados al concurso de la mina, pero no han podido tener acceso a todos los correos que se recibieron o enviaron en “períodos clave” de la adjudicación según denuncian los investigadores.

Estos correos cruciales no estaban en los servidores institucionales de la Junta, y los agentes pudieron acceder a ellos siguiendo las órdenes de la magistrada Patricia Fernández a pesar de las trabas puestas por el Gobierno de Susana Díaz para su investigación.

La Guardia Civil habla de “limitaciones” que “dificultaron” su trabajo en el atestado remitido al juzgado y de la desaparición de correos electrónicos en un periodo mayor a un año que han “mermado” la investigación condicionando así las conclusiones.

Los investigadores apuntan a que probablemente en aquel tiempo los correos se podrían almacenar en el ordenador y no tener que volcarlos al servidor pudiendo eliminarlos sin dejar rastro.

Aunque la Guardia Civil no habla de intencionalidad, el gobierno de Susana Díaz ha estado resistiéndose a permitir a que los investigadores tuvieran acceso a los servidores de correo electrónico como prueba el hecho de que la Audiencia de Sevilla tuvo que obligar a la Junta a abrir los archivos informáticos a los agentes tras los recursos planteados para impedirlo.

Las “ilegalidades severas” detectadas en la adjudicación de Aznalcóllar por la juez Mercedes Alaya tumbaron los recursos de la administración andaluza que lograron retrasar cuatro meses las investigación.

En enero, la magistrada Patricia Fernández apuntó la urgencia de investigar los correos pero no tuvo el permiso definitivo de la Audiencia de Sevilla hasta finales de abril.

Los correos que han podido investigar señalan que responsables de Minorbis-Grupo México y Emerita Resources, las dos empresas que optaban a la adjudicación, tuvieron contactos con diferentes responsables de la Consejería de Empleo y la Dirección General de Minas. En el material analizado no han podido probar las supuestas presiones de Vicente Fernández, ex secretario de Industria, a Emerita para que se uniese con Minorbis.

La mina que causó el mayor desastre natural de España durante el Gobierno de Chaves fue adjudicada finalmente al grupo de empresas que causó el mayor desastre natural de México durante el Gobierno de Susana Díaz. 

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