Según el auto del juez, Fitonovo conseguía contratos públicos pagando a funcionarios y altos cargos públicos con caviar, noches de hotel, móviles de última generación, ordenadores, videocámaras, servicios de limpieza y por supuesto dinero.

De esta forma Fitonovo y el resto de la red de empresas de la familia González Baro actuaba como una “organización criminal” según el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que abre el procesamiento a 45 personas entre directivos, comerciales y proveedores de Fitonovo.

En las 357 páginas del auto, el juez procesa a Rafael González Palomo y a su hijo José Antonio González Baro así como otros miembros de la familia y copropietarios, a los que considera el “primer nivel” de una red corrupta con centro en Sevilla pero que se extendía a Extremadura, Canarias, Zaragoza, Valencia, Barcelona y sobre todo, Andalucía.

El juez De la Mata afirma que existió una actividad criminal y les imputa a los procesados nueve delitos: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

El magistrado afirma que se causó un “grave daño al interés público” al manipular numerosos contratos públicos existiendo una caja B en Fitonovo que mantenía una facturación falsa con empresas suministradoras. Con el dinero B se pagaban los sobornos a cargos públicos corruptos y funcionarios, así como se generaban gastos para reducir los beneficios empresariales.

El juez calcula que el fundador de la trama se ha embolsado 2,5 millones de euros solo en dividendos que provenían de inversiones realizadas gracias a la comisión de los delitos enumerados.

La red presentaba candidatos fantasma, obteniendo información privilegiada sobre los concursos o sobre la competencia.

El principal imputado es González Palomo, aunque en otra pieza está imputado ex cargos políticos del Ayuntamiento de Sevilla gobernados por el PSOE-A como Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública y asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín. A su vez están imputados diferentes concejales del PSOE, PP e IU así como el ex primer teniente de alcalde de IU, Antonio Rodrigo Torrigos.

Las conexiones de Fitonovo y el Ayuntamiento de Sevilla fueron los hilos de los que tiró la magistrada Mercedes Alaya para desentrañar la red corrupta en una primera fase mientras investigaba el caso Mercasevilla. Este caso fue objeto de una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado

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