El todavía diputado del PSOE-A Gutiérrez Limones procesado por el Supremo

Daniel Bellaco - 23 de noviembre de 2017

Susana Díaz y Gutiérrez Limones

El Tribunal Supremo ha decidido procesar al todavía diputado socialista del Congreso y exalcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones.

El parlamentario, aforado por tanto, del PSOE-A de Susana Díaz por la provincia de Sevilla, va a ser procesado por la gestión de una empresa pública municipal perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

El Supremo ve “indicios de criminalidad” en la actuación del todavía diputado.

Javier L.G., antiguo contable de la empresa pública, perteneciente a la administración paralela, había “gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio) Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas”.

A su vez, la investigación apunta que hay indicios de un viaje a Puerto Rico al que habrían ido José Luis Díaz, exgerente de ACM y la exteniente de alcalde y miembro del consejo de administración de la empresa Miriam Burgos “además de sus respectivas parejas”.

Los imputados realizaron “supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública” con “irregularidades” con proveedores y clientes, “tales como obligarles a facturas dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado”.

Todas las irregularidades fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones” mantiene el magistrado que hubo una “intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas”, dada “la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social” de ACM realizando tal “modificación, aleatoria e indeterminada del objeto social” realizada por el aún diputado amparando “toda la actuación fraudulenta e infringe la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local”.

El juez afirmaba que “el interventor (municipal) dejó clara la actitud totalmente obstruccionista del alcalde y de los responsables de los órganos de gobierno local y de ACM, para que se llevara a cabo el control contable y financiero de dicha entidad.(...) Hasta en seis ocasiones por escrito, y en más ocasiones verbalmente, se le comunicó a Gutiérrez Limones y a los concejales más próximos al mismo la necesidad de dotar con más medios personales y materiales su puesto con la finalidad de controlar las cuentas de ACM” recuerda el magistrado, según el cual “Limones hizo caso omiso de la solicitud”.

De la testifical del interventor se pone de manifiesto, de manera indiciaria, la existencia de una actitud deliberada y obstruccionista por parte de la junta de gobierno y la junta general de ACM, ambas presididas por Gutiérrez Limones, para que no se llevara a cabo el control contable, financiero y de eficacia de la empresa pública.” insistiendo que había una probable “existencia de indicios de una estructura cerrada y coordinada dentro de los tres estamentos de la entidad, Gerencia, consejo de administración y de junta general, en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias, se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público. (…) De todas estas actuaciones era conocer directo Gutiérrez Limones no sólo por la realización directa de actos de malversación, sino también mediante la no adopción de medidas a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública. Aparece clara la existencia de indicios de criminalidad en una persona aforada.” y por ello propuso al Supremo que asumiese “la competencia en relación a la persona aforada y a los no aforados, por no poder llevarse el procedimiento de manera separada”.

Ahora el Supremo ve que “aparecen indicios de criminalidad que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos” por parte del mencionado diputado socialista y por tanto aforado. Por eso, el TS admite que “procede asumir la competencia en lo que respecta al aforado Antonio Gutiérrez Limones”.

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