Susana Díaz interpreta la sentencia del TC sobre el teletrabajo y busca un atajo

El Gobierno de Susana Díaz parece tener una solución para que los empleados públicos justifiquen las 2,5 horas no presenciales que quieren implementar a pesar de la sentencia en contra del Tribunal Constitucional.
Aunque existe la posibilidad de recibir un nuevo varapalo jurídico por aplicar una medida anticonstitucional, la lideresa del PSOE-A sigue en su empeño de ofrecer a 270.000 empleados públicos de la Junta la posibilidad de que trabajen en casa dos hora y media a la semana aunque no detalla qué ni cómo.
La idea que presenta ahora el Ejecutivo andaluz es que los responsables de cada servicio, de forma discrecional y bajo su punto de vista, den fe y justifiquen la tarea realizada por sus subordinados fuera de su puesto de trabajo.
El Gobierno de Susana Díaz, anunció a la opinión pública un acuerdo sin saber cómo iba a ejecutarlo con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO sobre el trabajo de 2,5 horas a la semana de forma no presencial pero, tras el anuncio, y ante las preguntas de la prensa y la oposición, el ejecutivo de Díaz hubo de aplazar durante una semana la explicación de cómo iban a hacerlo.
Ahora intentan evitar lo que ha dictado el Tribunal Constitucional, el máximo órgano jurídico del Estado, con un atajo discrecional que tratamos de explicar a continuación:
La sentencia del Tribunal Constitucional ha fijado que es competencia exclusiva del Estado fijar la jornada laboral de los empleados públicos.
Sin embargo el Gobierno de Susana Díaz afirma que la organización de ese trabajo es competencia suya y por tanto pretende que media hora al día el empleado público, esté trabajando sin estar en su puesto de trabajo.
El laberinto jurídico y político está servido ya que prometió a los empleados públicos algo que no podía ofrecer, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional y ahora busca una solución improvisada para intentar no actuar de forma anticonstitucional.
Ir contra el TC no podría explicarlo políticamente y podría tener consecuencias penales, pero tampoco reconocer a 270.000 empleados públicos que no tenía competencia para ofrecer lo que prometió.
Como solución, el Gobierno de Susana Díaz ha ideado una serie de actividades para justificar las 600 horas de ‘teletrabajo’ al año aproximadamente que tendrían que realizar los empleados públicos.
Estas ‘tareas’ contempladas son, por ahora, preparar ‘actividades’, formarse o acreditarse, y para controlar su cumplimiento no se establece ninguna fórmula o medida de control distinta a la que se aplica normalmente cuando lo hacen en su puesto de trabajo.
Sobre por qué tuvieron que aplazar una semana la explicación de resolver el galimatías jurídico, María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública ha afirmado que en el “contexto actual”, en referencia al desafío independentista contra el TC, querían ofrecer “las máximas garantías de que se acataba la sentencia” del Tribunal Constitucional.

Lo que no ha explicado Montero es cómo firman y anuncian un acuerdo sin tener garantías jurídicas de no actuar contra la Constitución.
El máximo órgano jurisdiccional del Estado todavía no se ha pronunciado sobre esta ‘interpretación’ jurídica de la lideresa andaluza de la sentencia del alto tribunal.
Si el TC dictara que actúan de forma insumisa a su sentencia, Susana Díaz tendría un grave problema en el ámbito jurídico, no sabemos si penal, y por supuesto político.

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