Los andaluces no verán fianzas en los ERE gracias a la Junta de Susana Díaz

La estrategia judicial del Gobierno andaluz está impidiendo que se puedan recuperar los 741,6 millones supuestamente defraudados

A pesar del silencio informativo tanto a nivel regional como nacional, el juicio del caso ERE sigue dando noticias cada día que podría monopolizar programas como Al Rojo Vivo de La Sexta o Las Mañanas de Cuatro, si sus directivos quisieran.
La actuación de la Junta de Susana Díaz está evitando que se puedan recuperar los 741,6 millones supuestamente defraudados por el fraude masivo de los ERE.
Tanto la acusación particular del Partido Popular como la Fiscalía Anticorrupción no han podido pedir fianzas de responsabilidad civil a los 15 imputados por delitos de malversación de caudales públicos por los 741,6 millones de euros que según la Fiscalía se han defraudado.
Y ello es debido a una triquiñuela legal de la Junta de Susana Díaz ya que ha eludido hacerlo, y como principal perjudicada en el proceso tenía derecho.
La administración que preside la lideresa del PSOE-A, no solo ha pedido que se cierre esta causa aludiendo que no hubo una “trama criminal” sino que además se ha autoexcluido de esta pieza como acusación particular.
El Gobierno de Susana Díaz ha argumentado que no se creó un sistema para dar ayudas “de forma arbitraria” eludiendo los controles de la Intervención como sí aprecia la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la Junta vuelve a usar un atajo jurídico para no recaudar el dinero presuntamente defraudado, ya que se reserva el derecho de ejercer una acción civil por el multimillonario daño económico causado a los andaluces pero no la ha ejercido. De esta forma no se pueden exigir fianzas a los peces gordos acusados de conceder subvenciones porque han sido apartados de las infinitas piezas abiertas por el masivo fraude.
Así, los antiguos compañeros de partido, entre ellos los principales padrinos políticos de Susana Díaz como José Antonio Viera y José Antonio Griñán, no se les puede pedir dinero alguno por el presunto daño causado a Andalucía.
Con este nuevo “butrón jurídico”, Susana Díaz evita que los acusados tengan que pagar las fianzas multimillonarias. Si la lideresa del PSOE-A hubiera decidido ejercer la acción civil, su antiguo jefe, José Antonio Griñán, habría tenido que aportar 4,2 millones de euros.

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