Los ‘enchufados’ podrían ser peritos judiciales en casos de corrupción de la Junta

El decreto que prepara Susana Díaz con el silencio de Ciudadanos podría suponer indefensión para los andaluces por falta de garantías judiciales

El Gobierno de Susana Díaz está terminando un decreto que le permitiría nombrar a dedo a un empleado públicos, donde la oposición dicen que hay miles de ‘enchufados’, para que actúen como peritos judiciales para auxiliar a los tribunales incluyendo los juicios en que la propia Junta esté implicada, tenga interés o sea parte.

De esta forma peritos de la Junta darían este servicio en los juzgados andaluces incluso en casos de corrupción que afecten al partido en el gobierno. Hasta ahora, el ejecutivo de Díaz otorgaba contratos de servicios para las peritaciones judiciales en cada provincia y algunos juzgados “rebeldes” designaban a profesionales al margen de lo que la Junta les indicaba.

La memoria justificativa del decreto, fue firmada por Pedro Izquierdo, el que fuera secretario general de Justicia de la Junta. El juez Izquierdo fue recusado por el PP y Manos Limpias para que no fuera presidente del tribunal que enjuicia el fraude masivo multimillonario de los ERE ya que fue alto cargo y estuvo bajo las órdenes de Chaves y Griñán, los ex presidentes acusados en el banquillo por dicha macrocausa.

Francisco Gutiérrez, el consejero del Consejo Consultivo de Andalucía elegido a propuesta del PP ha discrepado del dictamen dictado con el voto favorable con el resto de consejeros.

Según Gutiérrez la imparcialidad y la independencia de las pruebas periciales quedarían “francamente en entredicho” con el sistema pensado por el Gobierno de Susana Díaz para nombrar a peritos, ya que estos podrían ser los que “más convenga” al interés de la propia Junta de la lideresa del PSOE-A.

“Será la Administración de la Junta de Andalucía la que realice, por ejemplo, con propio personal o mediante contratación externa, no sólo los informes periciales que quiera aportar motu proprio y en defensa de sus intereses como parte en el procedimiento, sino también aquellos otros con los que quiera contar el órgano judicial para fundamentar su sentencia”, advierte el consejero criticando que los jueces no tengan una terna de candidatos para poder elegir ni que la prueba pericial la realice un funcionario público.

De esta forma un “enchufado” de un partido en el poder de la Junta, en este caso el PSOE-A de Susana Díaz, podría decidir sobre casos de corrupción que afecten a la Junta, gobernada por el partido que lo ha, supuestamente, “enchufado”.

“Las personas que van a intervenir como peritos ‘independientes’ son seleccionadas por la propia Administración entre el personal técnico adscrito a los servicios de apoyo a la Administración de Justicia, otros empleados públicos (en concepto que engloba, según el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, a funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral indefinido o temporal y personal eventual) y por las entidades instrumentales (de cualquier tipo) u organismos de la Junta de Andalucía. Por lo que se comprenderá que acabe siendo designada como perito en cada caso la persona que más convenga a los intereses de la Administración” explica Gutiérrez.

Además, solo “excepcionalmente”, cuando la Junta no pueda poner a un empleado público como perito se podría contratar a un profesional o una empresa.

“Es cierto que el juez o tribunal no está obligado a la hora de dictar sentencia a seguir las conclusiones que se desprendan de un dictamen pericial. Pero no cabe duda de que, ante la lógica falta de conocimientos técnicos, el juzgador se inclinará habitualmente por el criterio del perito independiente” afirma el consejero.

Este sistema del Gobierno de Susana Díaz puede vulnerar el derecho fundamental de los andaluces a tener un proceso judicial con todas las garantías, según Gutiérrez “cuando la propia Administración es parte en el proceso o tiene un interés en el mismo. (…) Y si bien es cierto que podría evitarse dicha colisión mediante una simple exclusión de la aplicación del sistema en aquellos casos en los que existe un interés procesal y legítimo, resultaría en cambio sumamente difícil hacerlo en aquellos otros en los que el interés no fuera tanto de la Administración como del partido que pueda estar al frente del Gobierno que la dirige”, añade el consejero en su razonamiento ante el dictamen.

Ciudadanos, partido supuestamente adalid de la Transparencia y la Lucha de la Corrupción, y que sostiene a Susana Díaz en San Telmo, no ha dejado claro si está claramente en contra de esta medida ya que sigue apoyando a la lideresa del PSOE-A mientras ella prepara el decreto.

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