La Junta se niega a confirmar que está pagando con dinero de los andaluces los costosos letrados de los ex altos cargos y funcionarios acusados por el multimillonario fraude masivo de los ERE.

Este derecho que tienen los acusados sin embargo no está siendo aclarado a los andaluces por la administración de Susana Díaz.

La propia ley de Transparencia establece que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz”.

Según informa ABC, desde la consejería de Presidencia se “ha admitido” la petición de información pública pero sin embargo no van a dar dicha información escudándose en que no se puede determinar aún el coste de dichos letrados hasta la fecha y porque la ley limita los datos de un procedimiento administrativo a los “interesados”.

La Junta se acoge a la ley de protección de datos y a la ley de transparencia estatal porque el suministro de información podría afectar a la estrategia de defensa de los acusados.

Lo que se juzga es el fraude masivo de 855 millones de euros de dinero de los andaluces mediante un sistema opaco y descontrolado para repartir ayudas a determinadas empresas y personas entre los años 2000 y 2010.

Once meses después de que la juez Alaya abriera diligencias previas en 2011, la Junta de Griñán modificó el decreto del Reglamento de Organización de Funciones del Gabinete Jurídico reconociendo el derecho a lo acusados de que los andaluces paguemos su defensa jurídica “siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores”.

No sabemos lo que cuestan exactamente pero sí que son los mejores letrados penalistas del país, de prestigiosos despachos de abogados, y podemos cifrar aproximadamente su coste.

Los abogados que probablemente estemos pagando los andaluces podrían costar perfectamente unos 300.000 euros por defendido para un juicio tan complejo y extenso, al menos 94 sesiones programadas, como este. Los mejores y más costosos despachos de abogados de España se han puesto a disposición de los imputados por el supuesto fraude masivo de los ERE.

Los abogados que supuestamente la Junta paga han defendido según informa ABC a exministros como Rodrigo Rato o José Barrionuevo, al expresidente del Barcelona Sandro Rosell o al difunto Emilio Botín, presidente del Banco Santander Central Hispano, al ex presidente de Abengoa, Felipe Benjumea.

También recurren los ex altos cargos, incluidos los expresidentes, a los letrados que defendieron al PSOE en el caso Filesa o que estuvieron en el juicio de la colza.

Al no recurrir a un abogado de oficio, como están en su derecho, cumplen la premisa de que todos somos iguales ante la Ley y que en nuestro ordenamiento jurídico no se establecen privilegios ni se protege a una determinada casta política.

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