Greenpeace y Datadista han publicado un informe en su web titulado “Armas Marca España, el oscuro negocio de la guerra” en el que se detalla el irregular comercio de armas en España que permite el envío de armas a países en guerra vulnerando la ley nacional e internacional.

La ONG está preocupada por el aumento de las guerras en el planeta y la colaboración española en estas matanzas.

Solo entre 2008 y 2016 se han vendido armamento bélico y tecnologías de doble uso por valor de 6.181 millones de euros a 50 países preocupantes o potencialmente preocupantes en la defensa de la paz y la democracia.

El 36,4% de las armas exportadas entre los años 2014 y 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy han tenido destino a la terrible dictadura saudí. Arabia Saudita, que Hillary Clinton admitió que financiaba a los terroristas de ISIS en un mail descubierto, está en guerra contra Yemen siendo condenada por la ONU.

A otra dictadura del Golfo involucrada en esta matanza, Emiratos Árabes Unidos, el gobierno de M. Rajoy les ha vendido 995 millones de material.

Ambos países han cometido graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos matando un mínimo de 10.000 personas e hiriendo a al menos 50.000.

España exporta a ambas dictaduras bombas, proyectiles, granadas, torpedos y minas, material que se está siendo usado contra la población civil en Yemen. En este país en conflicto, 22 de sus 30 millones de habitantes necesita ayuda humanitaria.

Según Greenpeace, no se puede comprobar que se esté aplicando la ley española a la hora de vender armas.

De hecho, la JIMDDUU, la Junta Interministerial Reguladora para el Comercio Exterior y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso, ha autorizado la venta de estas armas.
Este organismo opaco mantiene sus actas en secreto gracias a la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968.

Desde 1987, es imposible saber para los ciudadanos y para incluso los diputados en qué se basa este órgano interministerial para dar luz verde a la venta de armas a un país, con lo que es imposible la rendición de cuentas en caso de aplicación irregular.

La organización ecologista y pacifista denuncia que esto permite la connivencia entre las empresas de armas y el Gobierno, las puertas giratorias y la total impunidad de quienes incumplen la ley priorizando los beneficios de las empresas frente al cumplimiento del derecho internacional y el respeto a las derechos humanos.

Sara del Río, responsable de la campaña de Armas de Greenpeace ha declarado:

“Exigimos al Gobierno de España que sea estricto en el cumplimiento de la legislación y que paralice la exportación de armas a países en conflicto donde existe el riesgo de que estas armas sean utilizadas para masacrar a la población. (…) El Gobierno no puede continuar autorizando ilegalmente exportaciones al margen de la normativa nacional e internacional sobre comercio de armas y ocultarse tras la ley de Secretos Oficiales. Los más básicos estándares democráticos no pueden mantener esta situación de falta de transparencia e impunidad. Es necesario un cambio legislativo acorde a los nuevos tiempos”.

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