Susana Díaz ha tardado cuatro años en colaborar con la justicia y enviar un informe a la juez que investiga el presunto fraude masivo y multimillonario de la formación en Andalucía.

A pesar de que asevera que su Gobierno colabora con la justicia de forma “total y continua” para clarificar la corrupción en la Junta, parece que la realidad contradice sus afirmaciones sembrando dudas sobre los motivos de sus palabras.

O la lideresa del PSOE-A mentía o desconocía lo que hace su propia administración que rige desde su sillón en el palacio de San Telmo.

Según informa EL MUNDO, hace mucho tiempo, el 9 de febrero de 2014, la magistrada Mercedes Alaya pidió a la Junta de Susana Díaz información sobre las ayudas multimillonarias otorgadas a varias empresas.

Por fin, más de cuatro años después, Manuel Jesús García Martín, director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Susana Díaz, ha enviado dicho informe al Juzgado de Instrucción 6.

Tras retirar a Mercedes Alaya de la causa al ascenderla de forma repentina, la cual denunció que la justicia está completamente politizada, el sistema judicial andaluz concedió la causa a la polémica juez María Núñez Bolaños, cuyo marido es amigo íntimo del ex consejero de Justicia y cuya cuñada trabajaba en la agencia IDEA, que otorgaba ayudas en los ERE.

De esta forma, sin que la nueva juez haya hecho mucho ruido al respecto, la Junta por fin le da información sobre la ayuda de 326.349 euros dada por la Junta a Andalucía Polivalente, vinculada a José María Pérez González, investigado por el fraude de los cursos y que reconoció que ganaba dinero gracias a dichas subvenciones finalistas.

El ‘retraso’ a la hora de dar información a la justicia es una práctica ya usada por la Junta de Susana Díaz sin que la juez Núñez Bolaños haya hecho nada contundente para reclamarlo.

La administración de Susana Díaz no remitió durante más de dos años los expedientes de reintegro de la Faffe, (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), ya extinguida, que dependía de la propia Junta.

Faffe no destinó la millonada que recibió a los fines previstos y por tanto, se necesitaban los expedientes para saber qué irregularidades habían cometido en esta pequeña pieza de la gigantesca administración paralela de la Junta de Susana Díaz.

Como detalla EL MUNDO, Toni Martín, vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del Partido Popular andaluz, ha denunciado esta actitud de la Junta de Susana Díaz afirmando que: “ha batido todos los récords" tardando 4 años en facilitar información sobre el fraude masivo de la formación.

“¿Esto es intentar colaborar con la justicia o intentar torpedear la acción de ésta?, ¿Es intentar que se aclare lo sucedido o intentar esconder lo que pasó, que se archive y que prescriba? La actitud de la Junta tiene que ver con un intento de evitar que paguen los culpables y que los andaluces recuperen los millones de euros que le han sido defraudados” ha declarado Martín que ha recordado que la magistrada Mercedes Alaya “sufrió” los “escasos medios” que le dieron para instruir la causa y como tuvo que pedir de forma reiterada a la Junta de Susana Díaz dicha información y cómo ésta no se la enviaba.

En sus palabras, Martín señaló a su vez las ayudas millonarias para cursos que recibió el entramado de empresas de la esposa del ex ‘número 2’ del PSOE-A, Rafael Velasco y el retraso de la juez Núñez Bolaños a la hora de pedir información.

“Lo hemos visto en asuntos relacionados con Rafael Velasco de cuyo entramado de empresas la Junta tardó dos años en entregar al juzgado la información que se le requería y también lo hemos visto en otros asuntos relativos a Faffe, en los que la Guardia Civil lleva un año esperando que la juez Bolaños pida a la Junta la contabilidad de la Faffe y de todas las sucursales que tenía (…) Los impagos, las mentiras, los casos de corrupción y los intentos de bloquear la acción de la justicia son los cuatro pilares sobre los que se ha sustentado la gestión socialista durante décadas en Andalucía”, ha denunciado Martín.


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