La Junta sigue contratando a dedo a profesores que no envía a aulas, ni ven un alumno en su trabajo, sino que van a departamentos de los servicios centrales de la Consejería de Educación.

Allí ocultos a la opinión pública de los andaluces, trabajan en tareas administrativas según desvela EL MUNDO.

Por ahora se han descubierto 151 de estos docentes que no enseñan ni ven a alumnos, ‘enchufados’ por la Junta de Susana Díaz, que fue condenada por la Justicia por ocultar información en materia de inspección, pero su número podría ser mucho mayor ya que se oculta a los andaluces lo que ocurre en las delegaciones provinciales.

Esta práctica no es nueva, de hecho el Gobierno de Susana Díaz estuvo 3 años ‘enchufando a dedo’ a 1.200 directores de instituto por su propia inacción. El diario EL MUNDO también desveló entonces el mecanismo para ‘enchufar’ en la Educación de la Junta de Susana Díaz.

Los 151 elegidos de la Junta están reflejados en un registro realizado hace un año tras la información que pidió el Partido Popular andaluz en el Parlamento.

Este personal ‘adscrito’ ya no es interino al menos, como ocurrió durante años cuando la Junta contrataba a profesores para realizar trabajo administrativo con la excusa de vacantes o bajas por enfermedad de profesores en los centros educativos.

El escándalo descubierto por el diario EL MUNDO de estos contratos hizo que Adelaida de la Calle, entonces consejera, tuviera que comparecer en el Parlamento. La ex consejera hizo una purga de cuatro jefes de servicios y del secretario general de la delegación provincial de Sevilla, pero no dimitió entonces.

La oposición obligó al Gobierno de Susana Díaz que ofreciera información a los andaluces de cómo se seleccionaba y cuál era el destino de los docentes.

Con la información aportada se probó que había puestos docentes ‘blindados’ para poder ‘enchufar a dedo’ fuera de los concursos normales de destino.

Se supo entonces, que la Junta de Susana Díaz usaba el docente ‘adscrito’ de forma masiva para trasladar lejos de las aulas a profesores sin ningún concurso de méritos, ni registro público alguno de sus destinos, de forma que el resto de docentes no pudieran tener igualdad de condiciones a la hora de acceder a dichos puestos.

Tras los enchufes en la delegación de Sevilla que destapó EL MUNDO, la Junta de Susana Díaz se comprometió a que se crearían ‘puestos específicos’, de forma que estarían regulados.

En respuesta a estas situaciones, la oposición quiso modificar la legislación para que los andaluces pudiéramos acceder a esa información de forma más clara. El Partido Popular andaluz presentó una iniciativa, que tuvo el respaldo del resto de la oposición, para “limitar su número y especificar qué puestos son, a qué servicios corresponden, qué tareas técnicas requieren y qué procedimiento de provisión se cumplimentará para el nombramiento del profesorado funcionario de carrera que los ocupará temporalmente; todo ello bajo los principios constitucionales de mérito, capacidad, igualdad y transparencia”.

No se ha hecho nada al respecto a pesar de aquel compromiso del Gobierno de Susana Díaz.

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