Un juez de Sevilla ha descartado que la Junta de Susana Díaz esté realizando “acoso” contra el testigo protegido que destapó innumerables irregularidades del fraude multimillonario masivo de los cursos de formación.

El Juzgado número 13 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla acaba de desestimar la demanda de protección de derechos fundamentales que hizo el testigo protegido, funcionario de carrera, jefe del departamento de gestión de FPO, Formación Profesional Ocupacional.

Según su decisión solo hay un “conflicto laboral” entre este servidor público que denunció uno de los mayores casos de corrupción de España y la administración que controla desde hace casi 4 décadas la organización PSOE-A, que dirige desde hace años Susana Díaz.

Muchos peces gordos de dicha organización se han visto afectados por el “chivatazo” que realizó el testigo protegido a las autoridades judiciales, la magistrada Mercedes Alaya, que sufrió crítica del PSO-A hasta que la ascendieron repentinamente y le quitaron el caso, decidió proteger su integridad física con la figura del testigo protegido.

El funcionario de carrera,  declaró ante la comisión de investigación del Parlamento por el fraude masivo de dinero público, entonces curiosamente se perdieron sus documentos en el registro del Parlamento andaluz. 

solo tiene un conflicto laboral según este juez a pesar de que el TSJA condenó a la Junta por este hecho.

El testigo protegido denunció “hostigamiento llevado a cabo sobre su persona” por parte de la administración cuyo poder controla desde hace décadas el PSOE-A.

Según el juez, la situación en el departamento es “tensa” pero “no es menos cierto” que se trata de un “conflicto interpersonal”. El juez afirma que el servidor público, en referencia a la supuesta actitud de acoso, “no la imputó a ninguna persona en concreto, de modo que resulta muy difícil llegar a la convicción de que compañeros de trabajo, superiores, o inferiores actúen de modo coordinado para causar un daño al recurrente”.

La figura del testigo protegido a veces se usa en casos de confesión contra mafias y organizaciones criminales que desvelan detalles desde dentro y por tanto corren peligro, como han reflejado películas como “EL PADRINO II” o “UNO DE LOS NUESTROS“.

Ahora el juez niega este acoso aunque “percibe, cierto es, la situación de conflictividad laboral y personal con sus compañeros como acoso, pero esto no queda acreditado en la testifical y documental que se valora” y por tanto no “consta que la Administración haya adoptado una actitud de tolerancia, de pasividad, ni menos aún de participación activa, respecto al conflicto”.

Como detalla EL MUNDO, dos testigos corroboraron la denuncia de acoso del testigo protegido afirmando que sufre “hostilidad” y “aislamiento social” a diario este servidor público.

Ambos, también funcionarios de carrera, aseveraron que “el acoso se multiplicó por mil” y “empeoró” su situación cuando el testigo protegido denunció ante la Justicia la infinidad de irregularidades que había en las subvenciones a los cursos.

Ahora este juez no cree que estos testimonios de funcionarios de carrera sean sin embargo suficientes para probar que existe acoso desde la administración que dirige Susana Díaz.

Según el juez “no es lógico” que la Junta, su Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, cambie el trabajo de los funcionarios encargados de la formación con una orden, “un instrumento de enorme relevancia para conseguir el efecto de hostigar a un jefe de departamento”.

El testigo protegido denunció que tras desvelar los hecho delictivos, la Junta le vació de funciones pero para el juez es simplemente una “redistribución”, que curiosamente solo afecta a la provincia de Sevilla, para quitar el “atasco” en la tramitación de los expedientes de los cursos.

En su sentencia afirma el juez que “no revela la situación de acoso que se alega, sin que tampoco pueda pretender el recurrente que la distribución de funciones deba permanecer inalterable a lo largo del tiempo”.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Gobierno de la Junta en 2012 por acosar al testigo protegido tras su denuncia del multimillonario fraude masivo de la formación.

Al funcionario de carrera llegaron a levantarle un tabique para aislarlo del resto de compañeros de la oficina además de vejaciones y humillaciones de sus superiores. Además la Junta de Susana Díaz le negó el acceso a datos tras desvelar la corrupción. 

Susana Díaz mantuvo la paralización de los cursos de formación por el descontrol en la gestión perdiendo, por su decisión personal, los parados y trabajadores andaluces 600 millones de euros para esta función. Según la oposición, lo hizo para que el escándalo no le afectara en su carrera ascendente para controlar Ferraz que se truncó en mayo del 2017 tras el ‘golpe’ susanista.

Spiriman, en su serie El Cortijo, denunció en su Canal de Youtube los “perseguidos” por la Junta. 

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