El Gobierno de Susana Díaz ha vuelto a poner trabas a las investigaciones abiertas en los juzgados y en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude masivo de la formación y las irregularidades en las subvenciones millonarias recibidas por empresas vinculadas a la organización PSOE-A para dar esos cursos.

De hecho la UCO de la Guardia Civil llegó a publicar las trabas puestas por la Junta. Los investigadores tuvieron que esperar dos años para recibir los expedientes solicitados por Mercedes Alaya sobre dicha empresa y cuando se recibieron estaba incompleta, ocultando algunas irregularidades.

La administración presidida por la lideresa del PSOE-A, retrasó la investigación judicial al no entregar en plazos normales los expedientes que pedían los jueces como informó EL MUNDO. Ahora, el Gobierno de Susana Díaz, a través de la Consejería de Empleo, quiere esconder al Parlamento andaluz el presunto fraude que cometió Aulacen Cinco, la empresa de la esposa de Rafael Velasco, ex ‘número 2’ del PSOE-A.

El político tuvo que dimitir como parlamentario y vicesecretario general del PSOE-A el 26 de octubre de 2010 tras las informaciones publicadas por EL MUNDO en las que se reflejaba como Antonia Montilla, mujer de Velasco había recibido ayudas de la Junta por valor de 730.000 euros en cuatro años.

Ahora EL MUNDO ha tenido acceso a la respuesta de Javier Carnero, consejero de Empleo, Empresa y Comercio, a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero denegando información sobre los expedientes de reintegros a la empresa Aulacen Cinco sobre formación.

En ellos deben estar detalladas las irregularidades descubiertas por la Junta en los 730.000 euros recibidos, el posible fraude y cuánto se puede recuperar. De esta forma la Junta niega a la oposición la capacidad de comprobar qué se está pidiendo y por qué.

Una de ellas, la esposa de Velasco cargó hasta la luz del domicilio familiar a las subvenciones de la Junta.
A su vez, la empresa contrató a Luis Nieto Ballesteros, ex secretario general técnico de Economía y Hacienda de la Junta, tan solos meses después de dejar su cargo, para que fuera la “persona autorizada” para tramitar las ayudas de la administración andaluza.

También fichó a Alfredo Fernández Pérez, cuñado y chófer de Rafael Velasco, trabajador del PSOE-A como representante de Aulacen Cinco y que aparece como alumno “no desempleado” en otro curso.

Otros hechos por clarificar son que la Junta llegó a subvencionar un curso que no se había solicitado, que los profesores eran familia de Montilla o que no figure el certificado mensual de alumnos asistentes.
La Junta vuelve alegar “protección de datos” para no facilitar la información.

Sin embargo el reglamento del Parlamento establece en su artículo 7 que en el “mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias”, los parlamentarios “tendrán la facultad de recabar” de la Junta “los datos, informes o documentos administrativos, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal”.


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