La magistrada Mercedes Alaya ha detallado en una entrevista en ABC cómo Susana Díaz urdió un pacto de silencio con Mariano Rajoy mediante el control de la Justicia.

A su vez ha contado cómo sus superiores la engañaron y le quitaron los fraudes masivos multimillonarios de los ERE y la formación porque estaba descubriendo hechos “sumamente graves”.

En otra parte de la entrevista, ha declarado que había un reparto de autonomías entre el PP y PSOE quedando Susana Díaz única superviviente del poder de su partido en España.

Este supuesto pacto explicaría muchas cosas del posterior ‘golpe susanista’ a Pedro Sánchez que encumbró a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno y dejaba el PSOE en manos de una gestora controlada por la señora Díaz. Si se confirmara este pacto, Susana Díaz habría usado a España y a su partido por un fin personal en su fulgurante carrera trepadora que quedó truncada con su sonada derrota en las primarias. Este pacto podría ser incluso constitutivo de delito pues supuestamente se acordó manejar la justicia para ocultar la corrupción. 

En la entrevista Alaya ha explicado los motivos por los cuales el PP apoyó el pacto de silencio de Susana Díaz, sobre todo por los cursos de formación:

“Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo.

Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación.”

La magistrada ha aseverado además que hubiera seguido con esas causas porque tenía un compromiso personal con el equipo de investigación de la UCO y todos los cuerpos de intervención y fiscalización del Estado que estaban implicados en desgranar los multimillonarios fraudes masivos que se habían realizado bajo el paraguas de la organización PSOE-A.

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