La magistrada Mercedes Alaya hizo tambalear el poder político de la organización PSOE-A en Andalucía por la instrucción de numerosos casos de corrupción que le afectaban de lleno.

Desde 2011, empresarios, sindicatos y el partido gobernante se vieron involucrados en las irregularidades de los ERE y los cursos de formación, dos multimillonarios fraudes masivos a las arcas de los andaluces.

Alaya ha concedido una entrevista a ABC donde detalla que recibió presiones directas a diario con manifestaciones de políticos y ha puesto el ejemplo de Alfonso Guerra que dijo que ella estaba vinculada al PP.

Pero sobre todo ha señalado a Susana Díaz como urdió un pacto de silencio con el PP para mantenerse en el poder. Esto es lo que ha dicho en la entrevista:

Susana Díaz contactó con el CGPJ para sugerir o protestar en relación al caso de los ERE.(…) Lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio. En los primeros años, le interesaron estas causas al PP porque estaba en una lucha política con el PSOE para sacar rendimiento político a los temas judiciales que pudieran afectar a los socialistas, pero cuando irrumpieron en la escena política otros partidos políticos emergentes, sin pasado político, como Ciudadanos o Podemos, los partidos tradicionales tenían que protegerse uno al otro y proteger así el bipartidismo, creándose una pinza entre el PP y el PSOE, lo cual se evidencia incluso desde el plano político por la escasa presencia o preeminencia de la oposición del Partido Popular en Andalucía.”

Esto podría explicar muchas cosas, como el 33º golpe ‘susanista’, en esta ocasión contra Pedro Sánchez del viejo aparato del PSOE para que Rajoy gobernara.

Sobre el testigo protegido ‘perseguido’ por la Junta de la señora Díaz ha declarado:

“Este señor se vio acosado mucho antes de que declarara judicialmente como testigo, porque él intentó desde dentro poner orden y denunciar todas estas irregularidades que se estaban poniendo de manifiesto. Lo que hicieron fue arrinconarlo en un despacho, sin ningún ordenador, sin posibilidades de trabajar ni ejercer ninguna labor profesional, quitándole todas las funciones que desarrollaba… Es lamentable el poder que puede ejercer la Administración pública sobre determinadas personas, un poder coercitivo, el mismo que en ocasiones ha intentado ejercer sobre mí la Junta de Andalucía. Imagino que en el caso de otras comunidades autónomas habrá otros jueces que habrán pasado por el mismo calvario”.

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