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La juez Núñez no investiga durante dos años a la Agencia IDEA, donde trabaja su cuñada

28 de mayo de 2018

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La juez Núñez no investiga durante dos años a la Agencia IDEA, donde trabaja su cuñada

La juez María Núñez Bolaños ha paralizado dos años la investigación de la Agencia IDEA, donde su cuñada controlaba las transferencias de los ERE.

El marido de la polémica juez fue curiosamente elegido a dedo como director del Instituto de Medicina Legal de la Junta y es amigo íntimo del exconsejero de Justicia Emilio Llera. La juez Núñez sustituyó a Mercedes Alaya tras ser apartada ésta con engaños de las causas que investigaba.

Núñez, que en su vida había investigado casos similares a los fraudes masivos multimillonarios de los ERE y los cursos de formación, no ha practicado ninguna diligencia desde el 14 de junio de 2016.

La propia Fiscalía ha denunciado desde octubre de 2017 que Núñez no ha avanzado casi nada desde que Alaya fue apartada repentinamente de las investigaciones.

“El avance ha sido prácticamente inexistente” ha aseverado el fiscal hace dos meses según publica EL MUNDO y de hecho un ex alto cargo de la Junta imputado llegó a pedir que se archivara todo debido a la falta de actividad y aludiendo falta de indicios que lo incriminaran.

La Audiencia Provincial ha tenido que intervenir rechazando esta petición y ha descrito la actuación de Núñez como que “avanza lentamente”.

Curiosamente la juez cuya cuñada estaba en la zona cero de la corrupción de los ERE, se ha negado en varias ocasiones a incorporar documentos y declaraciones de tres interventores de la Junta como le pedía la propia fiscalía anticorrupción.

Esta actitud de Núñez Bolaños ha hecho que el Partido Popular andaluz llegue a afirmar la juez podría estar cometiendo un “retardo malicioso” en la Administración de Justicia tras dejar “morir” la causa y “denota unos prejuicios sobre los hechos investigados que son incompatibles con el derecho a un juez imparcial”.

María Guija Villa, cuñada de la juez, trabaja en la Agencia IDEA controlando los pagos de las transferencias de financiación, que han sido de más de 4.300 millones de euros en diez años.