Actualmente, el gobierno español está debatiendo una ley combinada contra la corrupción y de protección al denunciante. No obstante, sigue siendo cuestionable en qué medida el borrador abordaría con eficacia la extendida cultura de la corrupción que ha tomado el control del país durante varias décadas.

De acuerdo al análisis llevado a cabo por una coalición de ONGs de lucha activa contra la corrupción y fomento de sociedades abiertas en España y en todo el mundo, la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes propuesta no cumpliría el objetivo previsto de manera adecuada.

“Esta propuesta ley no puede ser considera una Ley Integral Contra la Corrupción Política. Entre otras olvida recoger numerosas medias relativas a la tutela penal, judicial, institucional, de prevención o educativas, todas ellas imprescindibles para hacer frente a esta lacra social. O se omite buscar una solución urgente a la instrucción de los procedimientos judiciales, implementado medidas como podrían ser los juzgados especializados. Es imprescindible abordar de forma rigurosa este tema y modificar la propuesta de Ley existente”, afirma Lara Carrasco, de la ONG española Corruptil.

Un ejemplo llamativo es que el borrador no incluye ni el establecimiento de un Código de Conducta para los parlamentarios ni un registro de transparencia para los grupos de presión –ambos, elementos fundamentales en el control eficaz del abuso de poder en la política. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) había recomendado también continuamente la aplicación de ambas medidas.

Además, no se prevén mecanismos que mejoren la independencia de la judicatura –hasta la fecha, no hay límites para la participación de los miembros del parlamento en el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores en España. “Es necesario mejorar el proceso de selección de jueces en los tribunales superiores, implantando un sistema basado en méritos contrastados, con una audiencia pública para exponerlos. Esto debería combinarse con la participación de la sociedad civil, así como un mecanismo transparente de responsabilidad sobre el desempeño correcto de los funcionarios públicos, para despejar cualquier duda cuando se designe un puesto. Esto tiene una relevancia especial en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene la obligación de seleccionar, formar y elegir los puestos de la Judicatura,” afirma Baltasar Garzón, Presidente de FIBGAR.
En cuanto a la protección de los denunciantes, la propuesta tampoco está a la altura de la normativa internacional. No solo está limitada en los tipos de conducta irregular de los que informar, sino que solo protegería a los denunciantes que trabajan en autoridades públicas. La propuesta no permite las revelaciones de información ni los informes a organizaciones externas de forma anónima. Esto tiene un efecto disuasorio a la hora de utilizar eficazmente la protección de los denunciantes como un medio para hacer frente a las conductas irregulares.

“A veces, es posible que los denunciantes no se sientan seguros para informar a nivel interno, o para revelar su identidad, simplemente por el carácter de la información. Para estos casos, deberían poder informar de ello anónimamente. En los casos de corrupción en el sistema, los denunciantes necesitan tener la opción de confiar en un canal externo verdaderamente independiente, como los medios de comunicación, un MP honesto o un organismo especializado. De lo contrario, el interés público puede verse seriamente dañado. La corrupción a gran escala, de la cual los medios españoles han informado en los últimos años, puede continuar sin darse a conocer. Sin duda alguna, esto no es lo que los legisladores españoles quieren que ocurra”, comenta Suelette Dreyfus, de la ONG internacional Blueprint for Free Speech.

“Si el gobierno español está verdaderamente comprometido a luchar contra la corrupción, la ley necesita una intervención urgente”.

Además, la propuesta puede entrar en conflicto con la legislación europea: hace solo unas semanas, la Comisión Europea propuso un borrador de la Directiva sobre la protección de los denunciantes que tiene un ámbito de aplicación mucho mayor que el de la propuesta española. En el caso de que la Directiva se aprobara, España tendría que modificar la ley en consecuencia. Corruptil, Blueprint for Free Speech y la Fundación Internacional Baltasar Garzón han publicado una guía en la que se comenta en profundidad la legislación propuesta y sus vacíos, y que puede encontrarse aquí:

La iniciativa cuenta con el apoyo de varias ONG españolas e internacionales, entre ellas, la Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas EMVS, Associated Whistleblowing Press, filtra.la, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Ajura, Plataforma x La Honestidad y la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.


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