Investigan los correos de la fundación de los 764 enchufados, 4 tarjetas black y 69 pagos en puticlubs

Por fin la juez Núñez Bolaños investigará qué tramaban los peces gordos de la Faffe donde se gastaba el dinero de los parados en clubs de golf y se contrataba a dedo a empresas y trabajadores

La juez María Núñez Bolaños, que investiga las irregularidades de la Faffe, la fundación de la Junta de Andalucía para formar a los desempleados, ha ordenado por fin a la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investigue los correos electrónicos de 66 peces gordos y técnicos de la organización.

La Junta de la señora Díaz lleva casi dos años escondiendo datos sobre las cajas ‘B’ y tarjetas ‘Black’ de la Faffe sin querer darlos a la fiscalía anticorrupción, así como otra mucha información requerida, sin que la juez haya ordenado registro alguno a pesar de haber requerido ella misma dichos datos hace ya 11 meses.

La Faffe saltó a las noticias por el presunto uso de tarjetas black en un prostíbulo por parte de Fernando Villén, el director gerente, así como la existencia de 13 cajas ‘B’. También porque gastaba el dinero de los parados en clubs de golf y de superlujo. Además también fue conocida porque había en ella 764 enchufados, con sueldos de hasta 80.000 euros, que luego fueron recolocados en la Junta de la señora Díaz y que todavía cobran, 1.118 de ellos, de los andaluces a pesar de no doblarla según denuncian los sindicatos. Su director, Fernando Villén, se gastó 538 euros en una tarde en el puticlub Don Angelo, aunque asegura que no en prostitutas. 

Todos estos escándalos sin embargo no motivaron ningún registro en la Junta de la señora Díaz que seguía retrasándose a la hora de dar la información a la Justicia.

Otro dato curioso es que una de las tarjetas ‘Black’ se usó en el prostíbulo 69 veces por un importe de 14.737 euros pero Villén, el jefe de la organización, dice que fue debió ser un error del puticlub. El 80% del dinero que recibía la fundación era curiosamente para pagar los sueldos de los trabajadores donde había decenas de familiares y miembros de la organización PSOE-A,  una auténtica agencia de colocación del partido de la señora Díaz  según publica ABC.

Finalmente, cuando la Junta de la señora Díaz ha dado por fin los correos de dichos responsables y directivos, desconocemos si se ha borrado alguna información tras casi dos años, se ha podido investigar. La polémica juez, cuya cuñada trabajaba en la zona cero de los ERE, ha actuado por fin tras la tardanza de a Junta de la señora Díaz para facilitar los datos y ayudar a la investigación de la Faffe, donde curiosamente trabajaba la mujer del alcalde de Sevilla.

Se supone que analizarán toda la correspondencia digital que recibieron y enviaron los jefes de esta organización vinculada al PSOE-A de la señora Díaz.

De hecho, entre estos peces gordos está el hermano y la cuñada de Villén, como parte de los numerosos enchufados que poblaron esta entidad así como otras muchas de la gigantesca administración paralela de la Junta de la señora Díaz.

En el auto de la juez se incluyen los correos corporativos de los gerentes provinciales de la fundación. Se estudiarán solo los correos entre los años 2009 y 2011, cuando la Faffe fue extinguida y 1.118 trabajadores, incluidos cientos de enchufados, fueron recolocados en el SAE, Servicio Andaluz de Empleo.

Tras la investigación de meses de la UCO que reclamaba junto a fiscalía dicha información hace casi dos años, la juez por fin mueve ficha ante la sospecha de adjudicaciones masivas de contratos irregulares por importe de 9.465.332 euros y desviaciones de fondos de los andaluces.

Núñez Bolaños, califica de “grave” su propia medida ante los indicios “racionales y bastantes” de que en la Faffe presuntamente se prevaricó y se malversó fondos públicos.

Por ello abre una pieza separada y secreta para que no se acceda a datos personales. Los investigadores de la UCO afirman que la Faffe fue usada por el gobierno de la Junta para saltarse la ley y los controles a la hora de contratar para beneficiar a empresas afines.

La Guardia Civil sostiene que la fundación era un “sistema paralelo” de la Junta “para cubrir sus propias necesidades” ya que el ente de la administración paralela tiene mucho menos límites y controles para dar contratos a “proveedores previamente designados”.

Los agentes han constatado como jefes de la Consejería de Empleo daban órdenes expresas a los técnicos y peces gordos de la Faffe de con quién se debía trabajar y cómo.

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