El testigo protegido que destapó una infinidad de irregularidades en la multimillonaria trama fraudulenta de los cursos de formación sigue teniendo problemas desde entonces con la Junta de la señora Díaz que le ha abierto un nuevo expediente disciplinario.

Además lo ha hecho provocando la indefensión de testigo protegido al querer obligarle a que declarara sin saber de qué se le acusaba.

Según informa EL MUNDO, el expediente de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo supone según el funcionario una “flagrante vulneración del derecho a la defensa” ya que “no parece ocioso recordar que nuestro sistema sancionador es de naturaleza garantista y no de índole inquisitorial, como parece traslucir lo que hasta ahora lleva practicada la instrucción de este expediente” alega el testigo protegido recordando que tiene derecho a “ser informado” y “derecho de audiencia” antes de declarar por dicho expediente.

La Junta de la señora Díaz quiere quitarle al testigo protegido que destapó la masiva corrupción en los cursos, su trabajo durante seis años suspendiéndole de sus funciones y trasladarlo de forma forzosa.

La administración de la organización PSOE-A le acusa de una supuesta “falta grave” en un procedimiento administrativo por supuestamente entregar una documentación fuera de plazo a la Junta sobre Forem, ente vinculado a CCOO, en relación a un curso de formación.

Lo curioso es que el testigo protegido detalló ante la juez Mercedes Alaya y ante el Parlamento el “trato muy favorable” de la Junta hacia la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) y los sindicatos UGT y CCOO en relación a subvenciones de los cursos. El funcionario explicó que podían hacer “lo que les daba la gana” incumpliendo la ley en connivencia con altos cargos de la administración andaluza dirigida por la organización PSOE-A.

El testigo protegido asevera que él no ha cometido ninguna infracción administrativa y acusa a la Junta de la señora Díaz de un expediente “parcial” que persigue “únicamente preconfigurar el final del procedimiento para imponerme una sanción disciplinaria”.

Sin embargo, Javier Carnero, consejero de Empleo, Empresa y Comercio aseguró que el expediente se le abre “no por no haberse abstenido ante una recusación, sino porque se le requirió la documentación dos veces y no la dio”.

Estas palabras podrían costarle el cargo al político de la organización PSOE-A si finalmente el testigo protegido tiene razón en el expediente abierto por la Junta de la señora Díaz.

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