La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el juzgado de Instrucción 1 de Estepona, el cual lleva más de 10 años investigando el caso Astapa, paradigma de la corrupción urbanística de la organización PSOE-A en Estepona.

Durante años, no se construía nada sin la correspondiente comisión para los jefes del ayuntamiento del PSOE-A y del PES (Partido Estepona) según detalla EL MUNDO.

Entre los años 2003 y 2007, estas organizaciones se forraron sin piedad con el dinero público para pagar sus gastos electorales y mantener el nivelazo de vida de los dirigentes. Mientras, las arcas del ayuntamiento de Estepona se desangraban creando un enorme pufo económico para generaciones futuras.

El pez gordo era el miembro de la organización PSOE-A, Antonio Barrientos, que ocupaba el sillón de la alcaldía y contaba con el apoyo, durante los años que estuvieron coaligados ambas estructuras, de José Ignacio Crespo de Luna, líder del PES.

La Fiscalía anticorruptos describe en su escrito cómo funcionaba esta alianza PSOE-A y PES usando a su antojo convenios urbanísticos de planeamiento, enajenación de aprovechamientos urbanísticos, expedientes sancionadores, licencias urbanísticas, contratos, concesiones administrativas de toda índole.
Todo iba al zurrón, cualquier tramitación en urbanismo de Estepona se controlaba. De hecho la fiscalía pide un total de 75 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el desfalco masivo ocurrido en Estepona en el que están implicados 51 personas entre empresarios, políticos, cargos públicos y funcionarios.

Los delitos que se les acusa son casi todos los relativos a la corrupción: cohecho, falsedad, malversación, fraude, tráfico de influencias y actividades prohibidas. Para el exalcalde del PSOE-A, Antonio Barrientos fiscalía solicita diez años y medio de cárcel y 39 de inhabilitación, mientras que para José Ignacio Crespo le pide 10 años de prisión y 34 de inhabilitación.

Otros cargos de la organización PSOE-A están señalados como el jefe de Gabinete de la Alcaldía José Flores Simón o el director económico del PGOU Francisco José Zamorano.

A los principales peces gordos, los dos líderes y seis cargos del PES y PSOE-A, Anticorrupción les pide que indemnicen de forma solidaria al Ayuntamiento de Estepona con 28,3 millones de euros.

Crearon una caja B para las donaciones de empresarios inmobiliarios y promotores con las que se pagaban sus gastos, los gastos del partido, deudas de proveedores y algunas actividades deportivas y culturales.

En el caso de Antonio Barrientos, tenía cubierto sus gastos familiares y personales para su alto nivel de vida sin tocar sus cuentas bancarias, llegando incluso a ahorrar 220.000 euros en cinco años, el 71% de su sueldo al frente del consistorio.

Todos en la cúpula recibían regalos y viajes mientras, José Ignacio Crespo, acumulaba además se creaba un patrimonio de casas, coches, garajes.

Pero además Antonio Barrientos era miembro de la cúpula de la organización PSOE-A y sus contactos llegaban hasta Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves, los cuales están acusados por el multimillonario fraude masivo de los ERE.

Otro pez gordo, el ex número 2 de la organización PSOE-A, Rafael Velasco, que también está implicado en el multimillonario fraude masivo de los cursos de formación por recibir 730.000 euros  presuntamente de forma irregular las empresas de su mujer, le pidió a Barrientos que mediara sobre un suelo de Cajasur según una grabación policial recogida en la investigación.

Pero no queda ahí la cosa, el propio Antonio Barrientos le pidió a Rafael Velasco, que era entonces secretario regional de Política Institucional de la organización PSOE-A, que mediara para que Cajasol diera financiación para el Ayuntamiento arruinado de Estepona pidiendo incluso que el todopoderoso consejero Gaspar Zarrías interviniera.

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