Javier Romero Jiménez, juez titular del juzgado de Instrucción número 5 de Huelva se ha visto obligado a archivar la investigación por el fraude de la formación en la provincia pese a tener indicios suficientes de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en altos cargos de la Junta.

Peces gordos de la Consejería de Empleo en Huelva y funcionarios estarían implicados en estos graves delitos de corrupción pero la Junta de la señora Díaz y la Fiscalía sin embargo han retirado las acusaciones.
De esta forma el juez ha reprendido a ambos su actuación y más cuando el fiscal, que depende jerárquicamente de la nueva Fiscal General del Estado elegida por el nuevo gobierno, curiosamente ha cambiado de opinión en el último trámite del proceso antes del juicio oral.

El magistrado ha recordado que se inflaron facturas llegando a pagar paquetes de folios a 50 euros o gastar 2.000 euros en pimentón. Además, según informa EL MUNDO, ha remarcado que lo que ha hecho la Junta “sería impensable en una empresa privada” e “inasumible para cualquier economía doméstica”.
Los investigados eran el delegado provincial de la Junta, Eduardo Muñoz y otros tres peces gordos políticos y tres funcionarios.

El juez ha tenido que denunciar que “en el procedimiento penal es imprescindible para la continuación del procedimiento abreviado que exista una acusación previa” y que ésta “viene representada” tanto la Junta de la señora Díaz como acusación particular y la Fiscalía como acusación pública. Ambos sin embargo piden que se archive la causa y por tanto obligan al juez a cerrarla. 

El juez cuestiona la posición de la Junta de Susana Díaz y le pregunta a su letra si “considera normales y totalmente legales se sustentarían o permitirían en una empresa privada, concediendo subvenciones a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos para ello o a empresas que tenían deudas por subvenciones anteriores y deudas con la Seguridad Social o que no se comprueban dichos extremos. (…) Cabe preguntarse si cualquier economía doméstica permitiría este tipo de comportamientos, es decir, ¿le prestaría una persona dinero a otra que no le ha devuelto un dinero que le había prestado anteriormente? Claramente la respuesta será negativa. (…) El mismo celo que toda persona tiene sobre sus propios bienes es exigible a los funcionarios públicos respecto a sus funciones y al dinero público que manejan; y aún en mayor grado, porque cualquier particular pueda hacer una liberalidad con su dinero, pero el funcionario público debe ser escrupuloso con el uso y destino del dinero que tiene encomendado distribuir en el desempeño de su función. (…) Tras la instrucción practicada, se considera que existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas”.

Además alerta de que el archivo de ésta, cierra también otras 9 piezas diciendo “Estando cada una de las piezas íntimamente ligadas con la presente causa principal”.

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