La corrupción sobre los cursos de formación, que podría alcanzar hasta los 3.000 millones de euros, está siendo curiosamente olvidada en las portadas de medios andaluces y nacionales salvo contadas excepciones como las secciones de Andalucía EL MUNDO o ABC.

Adelantamos aquí algunas cifras de lo que la Junta de la señora Díaz permite que se sepa.

El Gobierno de Susana Díaz sólo ha conseguido recuperar el 10% de las multimillonarias ayudas a la formación para el empleo que no fueron justificadas correctamente por sus beneficiarios o que no se usaron según los objetivos marcados.

Según ha declarado Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, hasta el pasado 1 de junio sólo se han recuperado 14,8 millones de euros.

Y es que el gobierno de la señora Díaz reconoció en noviembre que había solicitado el reintegro de 149 millones de euros por estas ayudas irregulares.

A esto hay que sumar los 800 millones de euros que los parados y trabajadores andaluces han perdido por el descontrol en la gestión de dichos cursos de formación tras la paralización de cinco años decretada por José Antonio Griñán (200 millones perdidos) y Susana Díaz (600 millones perdidos).

Desconocemos quién va a recuperar toda esa millonada para una región que lidera el paro en Europa.
Desde la oposición se acusa de lentitud y ocultación de datos desde el gobierno de la señora Díaz. El propio Parlamento le recomendó tras la comisión de investigación que pusiera medios humanos y materiales suficientes para que no prescriban los delitos y para que todo ese dineral presuntamente defraudado vuelva a los andaluces.

Nada de eso se ha hecho por parte del gobierno de Susana Díaz al nivel exigido pues ni siquiera los parlamentarios, los andaluces por supuesto que no, conocen el estado de los expedientes. Además el ritmo de revisión de los mismos es tremendamente lento respecto al que debería ser para recuperar tal cantidad de millones.

La oposición acusa además a la señora Díaz de “torpedear” las investigaciones judiciales como ha ocurrido recientemente con 10 juicios sobre los cursos de formación donde fiscalía y Junta han retirado sus acusaciones y han obligado al juez, con su consiguiente enfado, a que los cierre.

La Junta de la señora Díaz ha sido condenada por el TSJA por vejar y humillar al funcionario que denunció la trama multimillonaria de la formación en Andalucía, testigo protegido, al que le ha abierto un segundo expediente y quiere suspender de empleo y sueldo por seis años.

Numerosas personas vinculadas al PSOE-A están implicadas en el fraude masivo de la formación. Dos ejemplos, el propio exconsejero de la Junta, Ángel Ojeda, que se recibió 50 millones de euros de la administración andaluza o el ex número 2 de la organización Rafael Velasco por los 730.000 euros en ayudas recibidas por las empresas de su mujer.

La magistrada Mercedes Alaya denunció a su vez un pacto de no agresión entre PP y PSOE por la corrupción y señaló que la formación no está saliendo en los medios a pesar del montante defraudado y que afecta a muchas instituciones y organizaciones en varias partes de España.

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