La Junta de Andalucía dio 8 millones de euros al grupo mediático dueño de los periódicos Diario de Sevilla o Diario de Cádiz, para la “expansión empresarial”. El todopoderoso Grupo Joly, al que algunos periodistas apuntan como prensa afín a los gobiernos de la organización PSOE-A, se lo llevó calentito sin publicidad ni control según han declarado los testigos en el juicio de los ERE.

De esta forma, el dueño de los periódicos Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, el Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga Hoy y Diario de Almería, que reciben cada año mucha publicidad institucional de la Junta, recibió además dinero de los andaluces a través de los ERE para sus fines privados sin que nadie lo supiera.

Según publica ABC, eso es lo reflejado ayer en el juicio por el fraude masivo multimillonario de los ERE, donde se detalló como Javier Guerrero, el director general de Trabajo, mandó una carta a José Joly, presidente del grupo editorial en la que le decía: “tras las reuniones mantenidas por esta Dirección General con la Dirección de Grupo Joly y con la representación de los trabajadores de Diario de Cádiz y de Ingrasa (empresa impresora), en las que se ha analizado la situación laboral de estas empresas en relación tanto con las singulares circunstancias laborales y de creciente competitividad del sector de la prensa diaria, en general, como con las condiciones actuales de desarrollo y expansión del proyecto empresarial vinculado a Grupo Joly, en particular, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años” por una cantidad de “en el entorno de entre 6.500.000 y 7.000.000 euros, para un colectivo de entre 30 y 35 trabajadores” lo que pasa que al final fueron 8 millones y además sin justificación, sin publicidad y de manera arbitraria.

Según el informe que se analizó en el juicio de los funcionarios del Sercla no se pudo certificar si los trabajadores acogidos a este nuevo ERE multimillonario a Grupo Joly “pertenecen a la empresa, si realmente tienen la antigüedad declarada, la categoría profesional que se consigna para cada uno de ellos, etcétera» ni “si los 36 trabajadores que finalmente resultan beneficiarios en este expediente debían reunir o no» tenía siquiera los 52 años que marca el requisito.

Además a la firma del acuerdo para recibir la millonada “la empresa aún no había registrado solicitud alguna instando expediente de extinción de contratos de trabajo», pero lo hizo curiosamente al día siguiente añadiendo que “no queda constancia alguna de la constitución de la citada asociación de trabajadores ni queda acreditada su personalidad jurídica, así como tampoco existe documento relativo a solicitud por su parte de ayuda económica alguna a la Consejería de Empleo”.

A su vez, la Junta desvió pasta de otras ayudas para dárselas al Grupo Joly como queda reflejado en una carta de Guerrero a la aseguradora que pagaba las pólizas ordenando: “Rogamos que la transferencia realizada a esa compañía con fecha 20 de diciembre de 2004 desde el Instituto de Fomento de Andalucía por importe de 3.000.000 de euros a favor de la Asociación de la Faja Piritica de Huelva sea aplicada parte de la misma, en la cantidad de 300.000 euros a la póliza de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, nombre que se inventó Joly para crear un ente y poder recibir las subvenciones.

Javier Millán, entonces jefe del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y hoy portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla ha declarado como testigo en el juicio diciendo al respecto: “Era un monumental ninguneo al Derecho administrativo» donde no hubo ninguna firma de funcionarios y se dieron las ayudas de forma arbitraria, sin darle la Junta al Sercla la información requerida para controlarla, sin que se siguiera nunca “el procedimiento legalmente establecido” por lo que las ayudas “se concedieron de manera totalmente arbitraria” y “ninguna estaba justificada previamente” sin hacer luego seguimiento del dinero ni que tampoco los beneficiarios justificaran su uso.

De esta forma tan curiosa, el grupo mediático Joly realizó su “expansión empresarial” gracias al dinero de todos los andaluces mediante una ayuda presuntamente irregular que no fue publicada por la administración, ni hubo publicidad previa, ni concurrencia, ni objetividad ni tuvo siquiera la autorización del Consejo de gobierno de la Junta ya que era mayor a 3 millones de euros.

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