La sociedad ha reaccionado a un posible caso de corrupción en la actuación de la Junta de la señora Díaz y la Fiscalía al haber obligado a un juez cerrar 10 juicios sobre el fraude multimillonario de la formación.

Así lo cree la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) que acaba de denunciar al fiscal por retirar su acusación a la par que la Junta obligando al juez de Instrucción número 5 de Huelva a archivar las 10 causas a pesar de apreciar éste presuntos delitos.

El presidente de AMAyT, el abogado Francisco José Sánchez Ramón presentó ayer jueves una denuncia en la Fiscalía del TSJA, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el archivo de la causa que investigaba presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de altos cargos y funcionarios de la Junta en Huelva a la hora de gestionar las ayudas a los cursos de formación.

Según publica EL MUNDO, la denuncia detalla que va “contra el fiscal interviniente en la causa, el fiscal jefe de Huelva, la letrada de la Junta de Andalucía interviniente y cualquier órgano político o funcionario de la Junta que hubiera ordenado a ésta la solicitud de sobreseimiento” del caso recordando que en el juicio cerrado “Los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación y un presunto delito de malversación de caudales públicos, imputando a las personas indicadas en el mismo. (…) Tanto el Ministerio Fiscal como la letrada de la Junta presentaron escrito solicitando el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que los hechos investigados no son constitutivos de delito, cambiando el criterio el Ministerio Fiscal mantenido hasta la fecha” de que sí eran delitos y por tanto la asociación ve injustificado “caprichoso y arbitrario” el cambio de postura del fiscal al no haberse realizado nuevas diligencias ni se ha motivado dicha petición de archivo “salvo que desgraciadamente obedezca a criterios jerárquicos y estrictamente políticos”.

Según ha declarado el presidente de AMAyT al diario EL MUNDO su denuncia está apoyada en la postura del magistrado, que ve delitos pero que debe cerrar la causa por el sorprendente cambio de criterio del fiscal que coincide curiosamente con el de la Junta de la señora Díaz.

Sánchez Ramón afirma a EL MUNDO que estos temas “nadie los denuncia, pero es lo que tendríamos que hacer todos, que además estamos hablando de mucho dinero público y yo entiendo que el propio juez se está echando las manos a la cabeza; ahora lo que pasa es que la patata caliente la tiene la fiscal jefe de Andalucía, quien se tiene que pronunciar”.

El juez en su auto expresó su indignación ante el cambio de postura de la fiscalía en el último trámite procesal justo antes de la apertura de juicio oral cuando él tenía claros indicios de delitos.

Curiosamente, Eduardo Muñoz, antiguo pez gordo de la Junta (ex delegado de Empleo) estaba imputado en la causa obligada a cerrarse por el giro al unísono de la administración de Susana Díaz y la fiscalía.

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