El ejecutivo de la señora Díaz quiere que los casi 24.000 empleados de las numerosas agencias, empresas, fundaciones y consorcios que componen la gigantesca administración paralela sean fijos. En esta red trabajan, según la oposición, miles de ‘enchufados’ con carné de la organización PSOE-A. 

Tal como destapa ABC, la cláusula número nueve del acuerdo firmado con los sindicatos CSIF, UGT y CCOO establece que se podrá crear un grupo de trabajo para aumentar como mínimo un 8,79% los sueldos de los 23.899 empleados que trabajan en las entidades públicas entre 2018 y 2020, homologar las condiciones de trabajo y la jornada laboral así como “la estabilización del empleo temporal en el sector público instrumental”.

Es decir, Susana Díaz prioriza hacer fijos a los interinos que trabajan en la enorme administración paralela creada por la organización PSOE-A. Además, el gobierno de la señora Díaz quiere revisar la “ley del enchufismo” como calificaron los funcionarios a Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz aprobada en 2011.

Con esta ley, 25.000 trabajadores de la red satélite de entes creada por el PSOE-A, se integraron en la administración andaluza a pesar de las protestas de los funcionarios de carrera. Según la Cámara de Cuentas, muchos de estos trabajadores accedieron a la condición de empleados públicos tras procesos opacos y cobran sueldos muy diferentes dependiendo de donde vengan. En algunos casos, como los ‘enchufados’ de la fundación que pagó en el puticlub, están en el SAE, donde no tienen funciones atribuidas pero siguen cobrando. 

Ciudadanos, que pactó con la señora Díaz reducir la administración paralela no ha conseguido nada al respecto. Es más, la líderesa de la organización PSOE-A ha aumentado su gasto en las narices de su socio teniendo la mayor partida presupuestaria de la historia alcanzando los sueldos en dicha red de entes los 969,7 millones de euros y teniendo un coste para los andaluces de 3,449 millones de euros según detallan las cuentas autonómicas.

En esta administración paralela se dan miles de contratos otorgados de forma un tanto peculiar, fuera del control que hacen los funcionarios de carrera y al derecho que los rige, con lo cual es un pozo sin fondo para la corrupción y el clientelismo.

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