María Núñez Bolaños, la juez que investiga a la Faffe, no va a interrogar a Fernando Villén, el pez gordo que pagó 14,737 euros en un puticlub con una tarjeta ‘black’ de la Junta, hasta el 11 de octubre.

La juez de instrucción número 6 de Sevilla realiza la investigación en una pieza separada sobre las presuntas irregularidades de dicha fundación de la gigantesca administración paralela en los cursos de formación de la Junta.

Todo va muy lento, y la juez no ha mandado aún ningún registro en las sedes de la administración de la señora Díaz para recabar la información que necesita.

De hecho, la Junta, le ha dado datos sobre una de las tarjetas ‘black’ en mayo, tras casi dos años de reclamaciones de los investigadores de la UCO y la fiscalía sin que la juez hiciera nada al respecto.

Ella misma se lo pidió a la Junta hace casi un año pero la administración de Susana Díaz no se lo ha dado hasta hace escasas semanas sin que la juez actuara mediante un registro para agilizar el proceso.

La Junta aún no le ha entregado los datos de al menos otra tarjeta ‘black’ que se sabe que existe y se escuda en que la Caja San Fernando todavía no se los ha dado.

Y es que ni la administración de Susana Díaz pidió al parecer información de todas las tarjetas de la Faffe a la vez ni la juez ha mandado que la policía registre la sede bancaria o la Junta para obtener dichos datos.

Por tanto Fernando Villén no podrá contar a la juez hasta otoño más detalles de la bacanal en el puticlub el día en que Griñán cambió de gobierno y se supo el escándalo del fraude multimillonario masivo de los ERE.

Tampoco le podrá decir nada hasta entonces de la comilona ese día, de quienes estuvieron y qué celebraban, por 613,80 euros, todo con dinero de los parados o de los 4.000 euros gastados en restaurantes en los meses previos.

Lo que no sabemos es si le preguntará por el pufo de 50 millones de euros de la Faffe, que no se sabe en qué se ha gastado, ni de las formas de contratar a cientos de ‘enchufados’ o de los casi 2.500 contratos a dedo a cuñados, del gasto en clubs de lujo, o de que el 80% de los 330 millones destinados supuestamente a ayudar a los parados se gastase en sueldos de hasta 80.000 euros.

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