España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) a pagar 12 millones de euros por saltarse las leyes europeas sobre el tratamiento de aguas residuales. A su vez, España tendrá que pagar 11 millones de euros más por cada seis meses de incumplimiento a partir del 25 de julio.

Ocho ciudades o localidades andaluzas están entre las 17 que en toda España son el motivo de la sanción.
Estas son los centros urbanos señalados por Bruselas:

Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja, Barbate (Andalucía)

Gijón (Asturias)

Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo (Galicia)

Benicaró, Peñíscola, Teulada-Moreira (Comunidad Valenciana)

Valle Guerra noreste y Valle de Güímar (Canarias)

Ya hubo sentencia al respecto en abril de 2011 sobre el incumplimiento de una directiva europea del año 2000, hace 18 años.

En todo este tiempo los gobiernos de la organización PSOE-A han arrastrado los pies a la hora de construir depuradoras.

La directiva medioambiental de la Unión Europea del año 2000 venía acompañada de ayudas económicas. En 2015 expiró el plazo y en Andalucía no se hizo nada. La Ley de Aguas se realizó 10 años después de la directiva, en 2010 a pesar de contar el PSOE-A con mayoría absoluta. Esta ley estableció un canon a la factura del agua que pagamos todos los andaluces desde hace años y por el cual se han recaudado más de 346 millones de euros para la construcción de 300 depuradoras.

Este es el número de sistemas de tratamiento de aguas que debían haberse ejecutado desde el año 2000 para tener el 100% de las aguas depuradas en Andalucía como obligaba la Unión Europea.

En 2012 se alertó, que sólo se habían ejecutado el 14% de los proyectos dedepuradoras, aunque solo en la redacción de los mismos, sin que las obras se hubieran realizado.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Agua se ofreció a financiar la ejecución de las 300 depuradoras con 638 millones de euros que conllevaría la creación de 3.149 puestos de trabajo. Esta oferta fue obviada por la Junta, lo que se tradujo en que las empresas constructoras llevaran el plan de aguas ante los tribunales porque han desaparecido 300 millones de euros recaudados a los andaluces con el canon del agua y las ayudas finalistas de la Unión Europea.

«Cinco años después [de la aprobación de la Ley de Aguas] solo se han invertido 59 millones, mientras que el Gobierno autonómico ha recaudado 346 millones a través del canon del agua» declararon en aquel momento los constructoras.

Desde septiembre de 2013, Susana Díaz es presidenta de la Junta de Andalucía y su llegada tampoco ha supuesto un impulso a la ejecución del plan medioambiental europeo. De hecho puede ser que la UE imponga sanciones a Andalucía por no ejecutar las obras como ocurrió con el fraude masivo en la formación para trabajadores y parados. Susana Díaz continuó con la paralización de los cursos de formación en una de las regiones con más paro de Europa, supuestamente, para que no le afectara a su ambición y su carrera política, según le acusó la oposición.

Fruto de esta medida personal, Andalucía ha perdido 800 millones de euros, 600 millones durante la gestión de Susana Díaz, para que parados y trabajadores se formen. Aún no se ha especificado quién será el responsable del perjuicio económico para Andalucía que ha supuesto la pérdida de más de 130.000 millones de las antiguas pesetas por esta medida.

Mariano Rajoy pactó con Susana Díaz, financiar con 230 millones de euros una parte de las depuradoras que quedan todavía por ejecutar, que según el plan se haría antes del año 2021, 21 años después de la directiva europea.

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