Redacción - 18 de septiembre de 2018
Ángel Turrión, interventor estatal del IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), ha detallado los “pintorescos” destinos del dinero de los andaluces a través del presunto fraude masivo de los ERE.
Lo ha hecho en el juicio que tiene sentados en el banquillo a los exjefes y padrinos políticos de Susana Díaz, José Antonio Griñán y José Antonio Viera, así como a Chaves y otros 19 peces gordos del Gobierno de la Junta.
De las 270 ayudas concedidas entre 2001 y 2010 del fondo de reptiles, la partida 31L, e 70% de ellas tenían un “objeto dispar cuando no pintoresco” ha calificado el alto funcionario según publica El Mundo.
El interventor estatal ha añadido ante el tribunal: “Sin olvidar que en numerosas ocasiones no tienen objeto definido, digamos que se concedieron porque sí".
Turrión ha detallado que solo el 30%, eran realmente ayudas sociolaborales para determinadas empresas en crisis mientras que la inmensa mayoría, 190, no lo eran.
Las multimillonarias ayudas se dieron para ferias de muestras de ayuntamientos, un máster en la Universidad de Sevilla sobre gestión de entidades sin ánimo de lucro, curso a personal directivo de la Junta, servicios de consultoría, minutas de despachos, nóminas atrasadas o subidas salariales para evitar una huelga.
El curso becado de 4200 euros de Verónica Pérez, ex máxima autoridad del PSOE durante el golpe susánida a Pedro Sánchez, y de otros peces gordos del PSOE-A en un ente vinculado al Opus Dei que también fue pagado con el fondo de reptiles aunque no salte en las portadas ni salga en las televisiones nacionales. Al parecer les tocó por sorteo entre miles de estudiantes.
Las defensas de los peces gordos le echan la culpa a la Intervención de la propia administración andaluza que ellos mismos gestionaban. El máximo responsable de la Intervención de la Junta, Manuel Gómez, también está sentado en el banquillo de los acusados.
