Redacción - 20 de septiembre de 2018
La formación política Más Granada ha denunciado a través de un comunicado que se ha montado una red de empresas conectadas con los “Panama Papers” para no pagar impuestos por los beneficios del parking de La Alhambra.
Se trataría así de un nuevo escándalo que afecta al monumento más visitado de España, “un chollo de más de 100 millones” que se adjudicó sin control según reflejó los interventores de la Junta y apuntan ahora desde Más Granada.
Tras la auditoría de la intervención hay 28 personas que están siendo investigadas por presunto fraude a Hacienda y a las cuentas del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
A pesar que el informe señala un menoscabo de 12 millones de euros el Patronato no ha comunicado aún ninguna medida sobre el parking.
La Junta de la señora Díaz no controla de ninguna forma los ingresos que obtiene la empresa concesionaria y tampoco ha hecho nada al respecto.
Según detalla ABC, el parking tiene desde hace más de 10 años un sistema de control exhaustivo de tiempo de estacionamiento y matrículas con lo que sería fácil saber la facturación que ha tenido.
La concesión del aparcamiento de la Alhambra se dio por 60 años. La concesionaria gastó 4 millones en la obra y paga un canon de 6.000 euros al Patronato con un canon variable del 1%. Tan solo por el año pasado la Alhambra obtuvo un beneficio de 26.000 euros por el parking.
Según Pablo Fernández Baca de Más Granada se trata de “otro chiringuito más del PSOE-A” que estima en 100 millones de euros el daño a las arcas públicas a lo largo de toda la concesión.
En el marco de la “operación Colina Roja II” un total de 26 personas fueron detenidas por un nuevo caso de corrupción que estalló bajo el Gobierno de Susana Díaz.
En la Alhambra se estableció una “administración paralela”, sin el control de los funcionarios, y se creó una nueva “red clientelar” según detalló la UDEF, Unidad de Delitos Económicos y Fiscales.
Las detenciones alcanzaron a María del Mar Villafranca, anterior directora del Patronato y miembro de la organización PSOE-A de Susana Díaz, así como a sus colaboradores Manuel Visedo y Victoria Chamorro.
Todos fueron puestos en libertad con cargos en esa segunda operación contra el último ‘chiringuito’ montado presuntamente de 7 millones de euros y 200 contratos.
