
25 de octubre de 2018
El Tribunal Supremo determinó hace unos días que son los bancos quienes deben hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), cambiando la jurisprudencia anterior en la que se mantenía que eran los clientes quienes debían hacer frente a este pago tras constituir una hipoteca.
Sin embargo, esta decisión fue suspendida solo un día después en lo que fue toda una noticia que impactó a buena parte de la sociedad, pues nunca antes el Tribunal Supremo había desestimado una sentencia propia en estos contextos.
Finalmente, será el próximo 5 de noviembre cuando se decida quién debe hacerse cargo de este impuesto, si bien los bancos ya han anunciado que en caso de que la justicia se manifieste contraria a sus intereses, el precio de las hipotecas subirá en un futuro. En cualquier caso, la sentencia concreta que daba la razón a los clientes sí se mantiene como firme, siendo en ese caso la entidad financiera la obligada a hacerse cargo del IAJD.
En caso de que el Tribunal Supremo mantenga que son los bancos quienes tienen que hacerse cargo del pago de este impuesto, los afectados que podrían reclamar al banco por todos los gastos hipotecarios pagados indebidamente según la Organización de Consumidores y Usuarios se sitúa entre seis y ocho millones.
Solo por el IAJD, los afectados podrían reclamar entre los 1.000 y los 4.000 euros para una hipoteca tipo de 150.000 euros, y dependiendo del gravamen que cada autonomía aplica, que varía entre el 0,5 y el 1,5% del importe del préstamo.
Los cambios de criterio en el Supremo sobre este tema han sido constantes durante este año, pues ya en el mes de marzo el Alto Tribunal se pronunció dictando que eran los clientes quienes tenían que hacer frente al pago de este impuesto. Hace unos días, el criterio cambió y se estableció que es el banco sobre quién debe recaer el IAJD, pues es el único interesado en la elevación a escritura pública e inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad.
Hasta la decisión final, el próximo 5 de noviembre, la situación en el mercado inmobiliario muestra mucha inestabilidad. No obstante, son muchos los expertos que animan a los clientes de hipotecas que inicien los trámites de reclamación de los gastos que han sido indebidamente cobrados, y una vez se tome una decisión concreta, continuar con el proceso si es posible.
Los pasos a seguir para reclamar los gastos de la hipoteca
Cuando se aclare quién es el responsables, las vías de reclamación que se abren son dos: una administrativa y una segunda judicial. La administrativa consiste en abrir un procedimiento de devolución de ingresos indebidos en la Comunidad Autónoma, que es la responsable de devolver el impuesto cobrado al cliente y cargárselo al banco, ya que este impuesto está transferido a las autonomías.
Una segunda opción que para muchos especialistas es más eficaz es acudir a la vía judicial, pues por la vía administrativa tan solo se pueden reclamar los importes pagados indebidamente en los últimos cuatro años, que es cuando se determina la prescripción fiscal.
De manera previa a todo este proceso, el primer paso debe ser reclamar los gastos de hipoteca en tu banco, para ello, es interesante contactar con atención al cliente de bancos. En la web Teléfonos Bancos nos ofrecen los principales medios de contacto de las entidades financieras más importantes del país.
Además de la reclamación por el IAJD, existen otros gastos que los clientes pueden reclamar en todo momento, como son las cláusulas abusivas.
Las cláusulas abusivas no prescriben, de modo que la reclamación se puede impulsar incluso en el caso de que la hipoteca haya sido cancelada. En caso de que se determinen que sean los bancos quienes tienen que hacer frente a este gasto, los abogados mantienen que la factura para estas entidades puede acabar siendo muy superior a la que tienen que pagar por las cláusulas suelo.
En el caso de que la situación tornara hacia esa decisión y que el volumen medio de los gastos pagados ascendiera a unos 5.000 euros, una cantidad muy alto, las cifras superarían de largo los 5.000 millones que ya tienen que afrontar los bancos por las cláusulas suelo.