La Diputación de Huelva, que todavía preside el imputado por soborno y tráfico de influencias Ignacio Caraballo, dio ayudas del PER por valor de 573.000 euros en fechas electorales  a ayuntamientos controlados por la organización PSOE-A de Susana Díaz que luego no se hicieron.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, el juzgado de instrucción número 2 de Valverde del Camino ha imputado a varios peces gordos de la Diputación, a empleados públicos y a los presuntos beneficiarios de las ayudas ya que se pudieron realizar facturas falsas y justificaciones artificiales que habrían sido otorgadas con el visto bueno de afines, entre ellos, el hijo del director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Eduardo Sánchez.

Según publica ABC, técnicos que tramitaban dichas ayudas denunciaron los hechos y las “graves irregularidades en la gestión del Programa para el Fomento de Empleo Agrario en la provincia de Huelva por parte de políticos y técnicos de las tres administraciones intervinientes en el otorgamiento, control, seguimiento y pago de las subvenciones adscritas a este programa”.

El denunciante apunta que estas instituciones son la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Huelva (SPEE), el Servicio de Administración Local de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y la propia Diputación onubense, cuyo presidente y secretario general del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo, ya está imputado por un supuesto Tamayazo en el ayuntamiento Aljaraque para evitar una moción de censura contra su partido en este municipio.

Caraballo, presidente de la Diputación, es además, según El Mundo, pareja de la hermana de Mario Jiménez, mano derecha de Susana Díaz, a la que el propio ente dio 19 millones de euros a su empresa.

Ahora las ayudas irregulares del PER concedidas en época electoral y que no se ejecutaron están siendo investigadas en Galaroza, Cumbres Mayores, Cañaveral de León, Arroyomolinos de León, Alosno, Beas, Calañas, Campofrío, Cartaya o Nerva.

El funcionario denunciante entregó numerosa documentación y alertó de que se estableció “ un plan para que los técnicos contratados por la Diputación para el programa de Empleo Agrario realicen trabajos técnicos para el Servicio Provincial de Empleo Estatal en sus dependencias, cuyos informes técnicos son imprescindibles para determinar autorizaciones. (…) la contratación irregular que la Diputación de Huelva viene haciendo sistemáticamente a las mismas personas durante 13 años consecutivamente en labores de gestión del PFEA sin que el proyecto presentado para ello reúna los requisitos exigidos y pudiendo ser realizados por empleados de la propia Diputación de Huelva. (…) Realmente estamos ante una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre y finalizan rigurosamente el 30 de junio del siguiente año para pasar a continuación a engrosar las listas de desempleados del Servicio Andaluz de Empleo hasta septiembre, donde vuelven a ser contratados por la Diputación de Huelva», recoge el sumario.

De esta forma, se permitió «la aprobación de proyectos inviables y de proyectos informados desfavorablemente. (…) Se pretendía contentar a los ayuntamientos facilitándoles gastar el dinero en lo que prioricen en lugar de velar por la legalidad de los procedimientos y la consecución de los fines comprometidos en los proyectos aprobados. Y para ello debían contar con un aparato muy comprensivo y tolerante, sensible a los graves momentos coyunturales que pasan las corporaciones locales, con el objeto de que pudieran atender otras necesidades».

La supuesta nueva red clientelar funcionaba así: La Diputación daba dinero para un proyecto, el Ayuntamiento se lo gastaba en otras cosas incluso pagando nóminas a otra gente y lo justificaba con documentos que desde la Diputación daban el visto bueno.

El juzgado investiga si se cometieron delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y exacciones ilegales.

Ignacio Caraballo, que sigue cobrando su sueldazo al no ser cesado por Susana Díaz ni haber dimitido, firmaba todas estas ayudas.

Los técnicos contratados para fiscalizar este supuesto ‘chiringuito’ fueron los mismos durante 13 años a pesar de que que había concursos contando con numerosos familiares y afines a la organización PSOE-A de la señora Díaz.

Diputados provinciales, funcionarios de la Diputación, el director del Plan de Empleo Estatal, 14 técnicos y varios receptores de las ayudas, como el alcalde de Tharsis están siendo investigados.

La Guardia Civil se ha incautado de todos los expedientes y los correos electrónicos enviados a los técnicos para encadenar sus contratos.

La imputación de Ignacio Caraballo fue celebrada por el programa ‘La Vida Moderna’ con un “conseguido” tras un rifirrafe con el pez gordo de la organización PSOE-A de la señora Díaz.

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