Juan Enrique Egocheaga, fiscal Anticorrupción, ha considerado que la “trascendencia” del cambio que implantó la Junta en el año 2000 del “procedimiento específico” de concesión y pago de las ayudas de los ERE exigía la aprobación del entonces presidente Manuel Chaves.

Chaves ha sido el último de los 21 ex peces gordos del ejecutivo andaluz sentados en el banquillo en el juicio de los ERE al que se ha referido este martes el fiscal en su informe final, en el que ha detallado la intervención de cada uno de los imputados en los hechos juzgados que entiende probada.

La Fiscalía acusa a Chaves de un delito de prevaricación -a diferencia de su sucesor José Antonio Griñán, acusado también de malversación-, y le pide 10 años de inhabilitación por su participación en el diseño del llamado “procedimiento específico” con el que del 2000 al 2009 se dieron 680 millones en subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis con créditos “inadecuados” y sin ningún tipo de fiscalización previa.

Ese “procedimiento específico” se introdujo en abril del año 2000 para aumentar los fondos destinados a estas subvenciones, que hasta entonces se concedían como ayudas excepcionales que daba y pagaba la Consejería de Empleo y pasaron a pagarse a través del ente público de la administración paralela, sin control de funcionarios por tanto, IFA (luego denominado agencia IDEA), con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación.

Para el fiscal, Chaves sabía que la modificación en la forma de presupuestar los fondos destinados al pago de las ayudas “no era un simple cambio menor” y que “la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas que se dieran con cargo a esos fondos”.

Por ello, el Ministerio Público ha señalado que la “trascendencia de esos cambios hacen difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo” y que “convenciera a la consejera de Hacienda” (entonces la también acusada Magdalena Álvarez) para que la asumiera, “sino que exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Chaves”.

“No vamos a exigir al presidente de la Junta que conozca todos y cada uno de los actos administrativos que realiza su administración”, ha subrayado el fiscal viendo a su vez “difícilmente entendible” que desconociera actos de “relevancia y calado”, como ha asegurado Chaves, como el sistema que movilizó tal millonada de dinero público para paliar “graves crisis industriales” y su repercusión en miles de trabajadores.

Al fiscal Anticorrupción le “resulta llamativo” que los máximos peces gordos de la Junta usen como argumento de descargo la “ignorancia” por el Consejo de Gobierno de “trámites” como las modificaciones presupuestarias a través de las que se cambió el sistema hasta consignarlo definitivamente en los Presupuestos desde 2002.

De ser así, ha dicho, “podíamos llegar al absurdo de que, bajando de rango, al final las decisiones de mayor calado de la administración de la Junta están en manos de funcionarios de rango inferior, puesto que los superiores manifiestan conocerlas”.

Para el fiscal, Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda, “conocía perfectamente la trascendencia del cambio y lo que suponía el uso de las transferencias de financiación” así como los informes de la Intervención de IFA del 2000 al 2002 advirtiendo de la “inadecuación” de su uso para que el ente público “se limitara a pagar” subvenciones que daba Empleo.

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