El gobierno de Susana Díaz le adjudicó los derechos de la mina de Aznalcóllar a la empresa Minera Los Frailes SL.

Esta empresa es filial del Grupo México, el causante del mayor desastre natural de México que ahora explota la mina que causó el mayor desastre natural de España en época de Manuel Chaves.

La Dirección General de Minas concedió a Minorbis (del grupo cordobés Magtel) y Grupo México el concurso internacional.

Según destapa EL MUNDO, la resolución sin embargo no otorga la mina ni a Minorbis, ni a Grupo México, sino a Minera Los Frailes, que en esa fecha, 25 de febrero de 2015, simplemente no existía.

Esta empresa se creó el 6 de mayo de 2015. AMC Mining Iberia, filial de Grupo México que antes se llamaba Redhill 2000 SL, compró una sociedad instrumental llamada Gestión Empresarial Macaru SL, que curiosamente en esa fecha, cambia de administrador, objeto social y nombre y pasa a ser la concesionaria Minera Los Frailes SL.

Cinco días después de su creación, el último día del plazo, acepta la adjudicación de la histórica mina el 11 de mayor de 2015 que la Junta de la señora Díaz le había otorgado en febrero.

La organización Ecologistas en Acción ha puesto en conocimiento del juzgado que el ejecutivo de Susana Díaz había dado la rica mina a una empresa fantasma.
Otro hecho ha pasado por alto a la investigación judicial y que ha sido desvelado, el 25 de febrero de 2015 no se dictó una resolución de adjudicación de la mina, sino curiosamente dos.

Ecologistas en Acción ha verificado que además de la resolución número 7.976 (la de Minera Los Frailes), había otra de la misma zona minera, la número 7.953 (hoy eliminada por alguien de la web del Registro Minero), ésta a nombre de Minorbis y Grupo México.

Por ello, los ecologistas y la empresa Emerita Resources, la empresa que denunció un posible fraude en la adjudicación, han pedido a la juez que requiera al gobierno de la señora Díaz las resoluciones de concesión y que investigue ya que se pudo adjudicar una mina a una empresa que no tenía la autorización ambiental preceptiva.

La Audiencia decidió reabrir la causa curiosamente archivada porque encontró ilegalidades “severas” en su adjudicación.
La reapertura de la mina fue una de las promesas más importantes de Susana Díaz en su campaña electoral en 2015.