Redacción - 12 de noviembre de 2018
El Defensor del Pueblo Andaluz se ha quejado a la Junta de la señora Díaz por los retrasos de 6 y 8 meses del cobro de las ayudas a la gente más necesitada y en situación de pobreza extrema.
La Renta Mínima de Inserción Social que aprobó el Parlamento andaluz que pretendía ayudar a 45.000 personas con una paga de 450 a 780 euros, con cargas familiares normalmente, durante un año ha sido un caos de gestión desde la Junta desde que se puso en marcha, ya que hubo que cambiar los requisitos a mitad de año porque los que exigía eran poco prácticos.
El plazo que tiene la Junta para resolver es de dos meses desde el primer día del mes siguiente a la recepción de la solicitud. Si se concede dicha ayuda se pagará conforme a esa misma fecha de resolución. Es decir, que en tres meses deberían empezar a cobrar dicha ayuda pero la realidad es muy diferente.
«Se está recibiendo en esta Defensoría un número, que comienza a ser importante, de quejas de ciudadanos y ciudadanas tanto en nuestra sede como a través de las redes sociales, manifestando su desesperación debido a que habiendo formulado sus solicitudes en los primeros meses de 2018, aún no saben nada de las mismas, cuando tal prestación les es absolutamente necesaria para poder satisfacer las necesidades básicas de sus familias, al encontrarse en situaciones de verdadera necesidad», ha detallado a ABC el técnico de comunicación del Defensor del Pueblo Andaluz, Antonio Fuentes que considera “intolerable” el retraso de la Junta de la señora Díaz que no tenía ni formados a los profesionales encargados de la gestión.
La Junta no facilita el número de reclamaciones recibidas pero en el Defensor del Pueblo, instancia poco conocida y a la que recurren muy pocos, ha tenido 150 quejas en tan solo 6 meses.
Podemos Andalucía e IU han denunciado los retrasos de meses de pago a las personas sin recursos mientras los peces gordos de la Junta reciben ‘privilegios’ de casas gratis que los diferencian del resto de trabajadores andaluces.
