Los más de 1000 ‘enchufados’ en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) procedentes de la fundación de la Faffe, la de las bacanales con 32.000 euros de dinero de los parados en puticlubs, están haciendo tareas de funcionarios que no les corresponden.

Estos empleados de la gigantesca administración paralela creada por la organización PSOE-A estaban “mano sobre mano” según las palabras del anterior portavoz del Gobierno de la Junta porque no tenían ni funciones asignadas en el catálogo de trabajo, pero curiosamente sí cobraban cada mes a pesar de no doblarla.

Según publica ABC, funcionarios interinos de Fondos Europeos que trabajan en las diferentes direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo han denunciado que estos ‘enchufados’ están usando “claves” informáticas correspondientes solo a los funcionarios en las oficinas de empleo y en las centrales de la agencia.

Con estas claves, a las que no deberían tener acceso, están gestionando subvenciones y están manejando el sistema aplicativo Hermes, donde están los datos confidenciales de 815.452 demandantes registrados en el paro hasta octubre.

Los funcionarios han avisado en tres escritos de las “irregularidades que se vienen produciendo desde hace años» a Susana Díaz, todavía presidenta andaluza, así como a Javier Carnero, consejero de Empleo y a Manuel Caballero Velázquez, gerente del SAE.

A este último pez gordo, que conoce las irregularidades, y que les conminó a presentar “una solución al problema” le pidieron los funcionarios una reunión a través de una petición registrada hace diez días sin haber recibido respuesta aún.

Los escritos que enseñaron al diario plasman que se eludieron los controles de acceso al trabajo en la Administración para colocar a este millar de ‘enchufados’ al amparo de la “ley de enchufismo”, como la bautizaron los sindicatos más rebeldes, a la ley de reordenación del sector público de 2011.

Estos empleados no pueden realizar “la gestión de documentos públicos» y aún menos para «la utilización de claves de otro personal en oficinas del SAE» como denuncian es sus escritos.

Además alertan de que funcionarios interinos, que consiguieron sus plazas accedieron a sus puestos tras superar una oposición, están siendo «desplazados» en varias provincias por «personal laboral que procede de fundaciones» y que no tiene potestades administrativas, reservadas a los funcionarios según el Tribunal Supremo.

Estos funcionarios detallan como están trabajando por las tardes porque no dan abasto con la gestión de las ayudas de los Programas de Empleo. Muchos de ellos llevan encadenando contratos de seis meses notificándole el SAE su renovación a última hora del día del cese.

En la Faffe hubo un gasto de 50 millones de euros sin justificar, comilonas, sueldazos de hasta 80.000 euros, cientos de enchufados, millones de euros otorgados a dedo a cuñados, cajas ‘b’, tarjetas ‘black’, además de la escandalosa ruta de puticlubs con el dinero de los parados. De hecho el 80% del presupuesto de la Faffe, que se supone era para ayudar a los parados, se usó en pagar sueldos a la plantilla, que estaba plagada de enchufados.

Tras su disolución en 2011, 1118 trabajadores, entre los que había alcaldes recolocados, concejales del PSOE-A y familiares de peces gordos del partido, fueron enviados al SAE presuntamente de forma irregular y estuvieron cobrando sin doblarla.

La investigación, que todavía no ha tenido resultados jurídicos, está siendo llevada a cabo por la juez María Núñez Bolaños, la sustituta de Mercedes Alaya tras ser apartada la magistrada con engaños de los principales causas de corrupción en Andalucía.

El Consejero Javier Carnero, el pasado 20 de septiembre, poco antes de convocar las elecciones, le dijo a los funcionarios, creyendo que eran de la Faffe, que “estaban trabajando para hacernos fijos y, por supuesto, darnos funciones de funcionarios” como revela ABC. Unas funcionarias tuvieron que aclararle al Consejero que no eran de la Faffe y que ellos habían conseguido su empleo tras presentarse a las oposiciones y entrar en una bolsa de interinos. Los funcionarios han denunciado este hecho ante Recursos Humanos sin que hayan obtenido respuesta aún.

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