El pasado 19 de noviembre la asociación granadina Justicia por la Sanidad interpuso ante el Tribunal Supremo una denuncia contra Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, acusándola de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En calidad de presidente de la asociación “Justicia por la Sanidad”, Jesús Candel acusa a la señora Díaz en su denuncia de usar medios del Gobierno andaluz para denunciarlo utilizando abogados, funcionarios y el gabinete jurídico de la Junta en su contra.

“Esperamos que el Supremo actúe porque a mí me están juzgando por llamarla hija de puta, que no es un delito, y sí lo es la prevaricación”, explicó “Spiriman” cuando presentó la denuncia el pasado 19 de noviembre, criticando también el hecho de que tenga que ser juzgado el caso por el Supremo porque “la justicia no es igual para todos”.

Ahora, el Tribunal Supremo ha notificado al denunciante quien será el juez encargado de decidir si acepta a trámite la denuncia y abre diligencias contra la presidenta de la Junta, Susana Díaz. Será el conocido juez Manuel Marchena el que decida el futuro judicial de la presidenta de la Junta de Andalucía.

El Currículum de Marchena

Durante su actual etapa como Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo le han correspondido como ponente algunos asuntos de interés mediático: la obtención fraudulenta de pensiones en la Seguridad Social de Andalucía (Caso Campanario);​ el asesinato y abusos sexuales de una menor por un delincuente con antecedentes sexuales (Caso Mari Luz);​ los ataques contra el patrimonio municipal ejecutado por miembros de la corporación y otras personas (Caso saqueo de Marbella);​ la condena de un Presidente del Parlamento Vasco que se negó a dar cumplimiento a una resolución del Tribunal Supremo (Caso Atutxa).

En septiembre de 2014 fue nombrado presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por 11 votos a favor, de la mayoría conservadora, el grupo catalán y el presidente del Supremo Carlos Lesmes. Se impuso así al ex-fiscal general del Estado designado por el gobierno socialista Cándido Conde Pumpido, que obtuvo el apoyo de los 7 vocales socialistas, y al tercer candidato, el conservador Miguel Colmenero, que solo obtuvo el apoyo del vocal propuesto por el PNV.

Como miembro de la Sala de causas especiales, formó parte del Tribunal que desestimó la querella contra el Presidente del Parlamento por su supuesto enriquecimiento (Caso Bono),​ fue ponente de las diligencias abiertas contra la Presidenta del Tribunal Constitucional por un supuesto delito contra la función pública por el asesoramiento a una abogada. Ha formado parte de la Sala que condenó a un Juez de la Audiencia Nacional por vulneración dolosa del derecho de defensa (Caso escuchas Garzón),9​ condena que fue dictada por unanimidad por los siete magistrados que formaban la sala, sin ningún voto particular que disintiera de la procedencia de la condena. Mediante resolución de noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional, también por unanimidad, inadmitió a trámite la demanda del ex-juez contra su condena. El rechazo fue fundamentado “dada la manifiesta inexistencia de violación por el Supremo de un derecho constitucional tutelable en amparo”.​ Así mismo fue nombrado Magistrado-instructor del proceso penal abierto para investigar los cobros recibidos por un Juez de la Audiencia Nacional durante su estancia en Nueva York (Caso cobros en Nueva York, Garzón). La resolución por la que se acordó el archivo por prescripción fue confirmada por unanimidad por la Sala del Tribunal Supremo designada para conocer del recurso de apelación interpuesto por la acusación popular. El ex periodista de El Pais especializado en tribunales Paco Yoldi y que siguió el caso señaló que Marchena aprovechó el archivo del caso por prescripción para “arrastrar la honorabilidad de Garzón por el fango” . El ex Fiscal Anticorrupción le calificó de “ignorante” y le acusó de “mala fe” y “persecución sistemática” contra Garzón.​ Sus detractores sostienen que la posible falta de imparcialidad de Marchena en lo relacionado con Garzón es parte fundamental de los recursos presentados por Garzón ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.1

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