Digital Sevilla
8 de enero de 2019
Antonio Torres García, exalcalde del PSOE-A de Lebrija, seguirá como imputado por la Justicia tras haber cobrado presuntamente durante once años un sueldazo sin ir siquiera a su puesto de trabajo.
El escandaloso chollo estaba amparado por la organización que todavía dirige Susana Díaz. El PSOE-A le contrató mediante la Faffe (Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo), la fundación que pagaba con dinero de los parados en puticlubs.
Torres se llevó, según la Agencia Tributaria, 535.452,64 euros brutos durante once años que estuvo contratado por la fundación de los cientos de enchufados o los cientos de contratos a dedo a empresas de cuñados.
M,B.R., exsecretaria del exdirector general de la fundación, aseveró que Torres “tan sólo acudía una vez al mes a la sede de la Faffe”, que estaba en el costoso edificio Galia de Sevilla.
Según publica ABC, la trabajadora afirmó a la Guardia Civil que “en la tarjeta de visita” del exedil constaba como alto cargo de la fundación como que estaba al frente de “la Dirección de Asuntos Exteriores, departamento que físicamente no existía”.
M. R. A., afirmó que un jefazo se lo presentó en 2010 como alguien que iba a realizar un proyecto de investigación para el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, órgano que presidía Josep Borrell. A la empleada le extrañó dicho encargo pues nadie conocía dicho puesto directivo. Al preguntar a su jefe este le contestó que “mejor no preguntara”.
El presunto pez gordo ‘fantasma’ seguirá así como imputado a falta de que se practiquen las testificales que requiere fiscalía.
Junto a esta supuesta presencia fantasmagórica que cobraba sin doblarla, la Justicia también va a investigar a Francisco Aguilera, exalcalde de Montellano de la organización PSOE-A, que también estuvo contratado por la Faffe, la fundación que pagaba sueldazos a sus ‘enchufados’, que gastaba el 80% del presupuesto en sueldos en vez de ayudar a los parados y que pagaba comilonas y clubs de lujo.
Aguilera era otro presunto fantasma que cobraba también “emolumentos sin prestación de servicios alguno y disfrutando además de alta fraudulenta en la Seguridad Social” según la instrucción del caso. Los investigadores calificaron a Aguilera de “personal no cualificado y que no desarrolla tareas productivas” en la fundación que tiene un pufo de más de 50 millones de euros sin justificar.
Según los compañeros de trabajo, Aguilera iba a su puesto de trabajo a leer el periódico y a dormir, y que era un secreto a voces que “lo había colocado el PSOE”.
