Redacción - 8 de enero de 2019
El Instituto Andaluz de la Mujer, institución andaluza creada por PSOE para gestionar las "subvenciones a Asociaciones y Federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género", gasta casi la mitad de su presupuesto en pagar los sueldos de sus empleados, en su mayoría enchufados, y en pagar facturas corrientes.
En concreto, el presupuesto que manejó este organismo en 2018 rozó los 43 millones de euros, procedentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, pero la inmensa mayoría de ese dinero no va destinado a las víctimas de violencia de género. Para empezar porque el 50% de dicha cifra, unos 22 millones, se va en sueldos y gastos corrientes de la propia entidad (alquileres, facturas, mantenimiento…); otro millón se va a inversiones reales, que es lo que incrementa su patrimonio; y los 20 millones restantes a transferencias de capital, donde se incluyen subvenciones y ayudas, tal y como se puede leer en la propia web de la Junta.
De esos 20 millones, la mayoría de destinó a universidades, ayuntamientos, familias y entidades sin ánimo de lucro. Como resultado, la entidad solo destinó a subvencionar la ayuda y atención a las víctimas de violencia de género 1,2 millones de euros en 2018, apenas el 2,8% de su presupuesto total.
Al ser una agencia independiente financiada con dinero público forma parte de la administración paralela andaluza y no tiene que pasar por los mismos filtros a la hora de contratar a personal que cuando se incorpora un nuevo funcionario a la administración, esto permite que en la práctica la mayoría de empleados de esta y otras agencias tengan el carnet del PSOE en el bolsillo y las manos encalladas de aplaudir a Susana Díaz en los mítines.
Este tipo de políticas, cuanto menos cuestionables, han favorecido los discursos extremistas de partidos políticos como Vox, que promueve la eliminación de esta entidad que tanta falta hace para luchar contra la lacra de la violencia machista, en lugar de pedir una mejor gestión de los recursos para que la mayoría del presupuesto vaya a parar a las víctimas y no a mantener barrigas agradecidas.
