La sanidad en Andalucía ha sufrido procesos de gestión y de privatización similares a la Comunidad de Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre, así lo declaran profesionales sanitarios.

Tan solo en el año 2018 ha aumentado en 100.000 personas las listas de espera con la gestión del gobierno de Susana Díaz.

Según la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Andalucía, el ejecutivo de la organización PSOE-A se va dejando a 336.245 andaluces en las listas de espera. Esta cifra supone un 42% más que hace 10 años.

Por ello piden medidas urgentes para reducir dichos número y corregir la terrible situación.

Según declaran el sindicato en un comunicado “el deterioro y el abandono que la sanidad pública andaluza sufre” es por la responsabilidad de sus gestores políticos, es decir, del susanismo.

“Esta situación de abandono, además de perjudicar por supuesto a los 336.245 afectados, satura los centros sanitarios andaluces y perjudica a las condiciones de trabajo de los profesionales, cuya labor y disposición son las únicas garantías para un SAS que sobrevive gracias a la profesionalidad y al buen hacer de sus trabajadores» denuncia el CSIF-A que subraya además que el aumento en la lista de espera quirúrgica supera el 53% en el número de pacientes y un 30% en los días de espera. «Actualmente son más de 4.000 los pacientes que esperan más de 180 días cuando en 2008 no había ninguno. En pruebas diagnósticas, de no tener ningún paciente que superara los 30 días, actualmente hay casi once», apunta el sindicato.

Según detalla EL MUNDO, hay 71.868 pacientes en listas de esperas quirúrgicas, 222.962 en consultas externas y 41.415 en pruebas diagnósticas. En 2008, había 49.946 en listas quirúrgicas (21.922 menos), 174.307 en consultas externas (48.655 menos que ahora) y 15.447 en pruebas diagnósticas (25.968 menos). En total, en 2008 había 236.700 pacientes en listas de espera y hoy son 336.245, «datos a todas luces muy preocupantes».

El sindicato asevera que todas estas cifras demuestran un “balance muy negativo de la gestión de la sanidad y del derecho a la salud que debería haber sido una prioridad para los gestores políticos».

A su vez, el CSIF ha recordado que ellos han pedido información sobre lo que considera que es un «trampeo de las listas de espera, que ha motivado hasta su denuncia en Fiscalía».

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