En las últimas fechas la ciudadanía ha sido conocedora de un caso estremecedor, aunque este caso ya se publicaba en ‘El libro negro del Ejército español’ en octubre de 2017: una soldado denuncia acoso sexual y su comandante ignora la denuncia. En mitad del calvario suplica que la separen del pervertido, pero la obligan a permanecer con él e incluso a hacer servicios tan comprometidos como viajar en un vehículo a solas. La situación se torna cada vez más insoportable a un ritmo de quince acosos mensuales, casi uno por día de trabajo efectivo. Y así durante años.

Finalmente, la soldado consigue fotografiar al mando militar que la acosaba masturbándose en la oficina y presenta denuncia. Lo hace en un juzgado ordinario porque, es de suponer, no se fía de la justicia militar. Imposible culparla por ello cuando el instructor militar que adjudicaron a su caso la recomendó no denunciar. 

Lo que esconde la exclusiva de ‘El País’ y Miguel González

Como en muchos casos cuando hablamos de asuntos relacionados con el mundo militar la exclusiva la ofrece El País por medio de Miguel González. Yo te doy, tú me das. Pero este tipo de servicios no son gratuitos. A cambio, el medio solo publica una noticia, nada de una secuencia de noticias durante varios días que puedan generar presión, y obvia un par de cuestiones importantes.

La primera, ‘olvida’ relacionar el caso con otros más, salvo con el ‘caso Zaida’, y extraer patrones que pudieran identificar cuáles son los verdaderos problemas dentro de la institución. Debido a ello, el lector, normalmente desconocedor del mundo militar, no habrá sabido discernir si se encuentra ante un caso aislado o ante un problema estructural. 

Sin embargo, los patrones son claros: las mujeres acosadas o agredidas son sistemáticamente expulsadas, normalmente mediante rescisiones o no renovaciones de contratos por diferentes motivos, mientras que los hombres acosadores o agresores son condenados en raras ocasiones y cuando ello ocurre no encuentran ninguna dificultad en reintegrarse a las Fuerzas Armadas. Para hacernos una idea: 

  1. Solo se condena en el 12,5% de las denuncias.
  2. Dentro de ese 12,5% de condenados se encuentran el capitán condenado por 28 agresiones sexuales, el teniente coronel por 3, el capitán que intentó violar a una cabo… ¡y todos siguen en las Fuerzas Armadas! La mayoría ascendidos y condecorados.
  3. En los últimos dos años se han juzgado ocho casos de acoso o agresión sexual en los juzgados militares y no ha habido ni una sola condena.
  4. Las UPAs (Unidades de Protección frente al Acoso) han conseguido que en los tres últimos años el número de denuncias en los juzgados disminuya en favor de los expedientes disciplinarios. Estos últimos son juzgados por los propios mandos y carecen de elementos jurídicos básicos como que las víctimas puedan conocer el proceso. Solo conocen la resolución. Los datos son claros: en 2016 hubo 16 denuncias y 4 expedientes disciplinarios y en 2017 hubo 16 denuncias y 26 expedientes disciplinarios. Las denuncias jurídicas pasaron de suponer el 80% a representar únicamente el 38%. Para hacernos una idea, en los últimos dos años se resolvieron 15 expedientes disciplinarios: solo 3 sanciones, que no condenas. 

El segundo favor: no se ofrecen soluciones. El ciudadano lee que un mando militar acosaba a una soldado y se masturbaba delante de ella y se indigna. Se enfada. Se cabrea… Pero, ¿y ahora qué? Las tres soluciones son sencillas y el propio Miguel González y El País son conocedoras de ellas desde, al menos, el año 2007 en el que explicaron que “un vacío legal” permitía seguir dentro de las Fuerzas Armadas al capitán condenado por 28 agresiones sexuales. El “vacío legal” sigue existiendo, pero ni mu al respecto. Las soluciones son sencillas:

  1. Restringir la justicia militar a casos muy concretos y delitos de naturaleza claramente militar, tal y como han hecho otros países como Alemania, y dejar el resto de delitos en manos de la jurisdicción ordinaria. Robos, malversaciones, fraudes, acosos y agresiones sexuales, violaciones, acosos laborales, peleas, injurias, difamaciones, calumnias y demás no son casos de naturaleza militar, sino que son comunes a todos los sectores de la sociedad. Por tanto deben ser juzgados por civiles. Si los que juzgaran fueran civiles no habría una tasa de condenas tan baja (12,5%) y, por tanto, las mujeres se sentirían más respaldadas a denunciar.
  2. Eliminar del Código Penal Militar el “vacío legal” que existe desde tiempos inmemoriales, que El País y Miguel González conocen desde por lo menos 2007 y que tiene nombre y apellidos: artículo 15. Este artículo permite que los militares de carrera condenados a tres años o menos de prisión sigan dentro de las Fuerzas Armadas, cuando cualquier militar condenado por un delito en el desempeño de sus funciones debe ser expulsado del mundo militar. Debido a este “vacío legal” hay más de cien militares dentro de las Fuerzas Armadas.

Pero esta información también la conocen Margarita Robles y Zaida Cantera

Finalmente, comentar que si El País y Miguel González son conocedores de esta información, no menos lo son tanto Margarita Robles, por su pasado jurídico, como Zaida Cantera por su pasado de mujer acosada sexualmente. Desgraciadamente, la primera parece tener poca intención de reformar una justicia militar que a día de hoy constituye un anacrónico e injustificado privilegio para la cúpula militar y el mayor obstáculo para reducir los delitos sexuales; y la segunda parece tener el mismo interés en ayudar a las soldados acosadas que tenía cuando era capitán y, según sus propias palabras, hacía caso omiso a los acosos porque era capitán y pensaba que a ella no le sucedería. Entonces era oficial y le importaba su carrera militar y su salario, hoy es diputada y parece que sigue importándole más sus intereses profesionales y económicos.

Habrá quien argumente que este último juicio es de extrema dureza, pero basta constatar que ha sido el propio ministerio de Defensa, el del PSOE de Margarita Robles y Zaida Cantera, el que antes incluso que el juzgado haya resuelto, ha expulsado a la soldado que vivió el calvario de años de acosos sexuales, con masturbaciones incluidas, y lo ha hecho sin pensión ni indemnización. Y contra el criterio de la junta médico militar.

Rectificarán, claro, pero porque ahora mismo hay mucha gente observando el caso. Puede que, incluso, condenen al mando a una pena superior a los tres años y ello conlleve su expulsión, sobre todo, porque es un suboficial (si fuera un oficial, olvídense), ya está en la reserva y en poco le afectará económicamente (está a un paso de jubilarse). Pero en el resto de casos, aquellos que no aparecen en ‘El País’ o ‘Salvados’, todo seguirá igual porque nada ha cambiado desde que el PP abandonó el Gobierno: siguen mandando los militares y las mujeres siguen siendo acosadas y expulsadas porque la justicia militar sigue existiendo. 

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