Nunca fue especialmente inteligente, incluso en muchas ocasiones se le podría atribuir cierta torpeza, pero es innegable que Juan Carlos I ha sido y es un maestro. Maestría que alcanzó la apoteosis cuando el día 6 de diciembre, festividad de la Constitución, tanto su hijo, el actual rey de España, Felipe VI, como una gran cantidad de diputados le dedicaron una cerrada ovación. Una condecoración espiritual que jamás nadie podrá arrebatarle y que le acompañará con dulzura hasta una tumba que no se atisba lejana.

La maestría consiste, para aquel que no lo quiera ver, en que un personaje consiga ser aclamado por casi todo el Congreso de los Diputados solo un día después de conocerse que había sido denunciado por cohecho, fraude a la Hacienda Pública, administración leal, fraude y exacciones ilegal, tráfico de influencias cometido por autoridad y constitución de grupo criminal (Enrique Santiago, del PCE e IU, junto a FAIRADE). Denuncia que, si en sí misma no fuera suficientemente escandalosa, se incorpora a un historial de antecedentes que, si a día de hoy no acarrean el apellido de ‘penales’ y no han tenido como consecuencia la prisión, solo se debe, en mi opinión, a la existencia de una anacrónica inviolabilidad jurídica (interpretada de forma intencionadamente errónea, tal y como argumenta Enrique Santiago). 

Antecedentes en forma de noticias y denuncias públicas o jurídicas que resultan escalofriantes: comisiones por petróleo, obras e infraestructuras y armas; golpismo, complicidad y traición; corrupción; o uso ilícito de los servicios de inteligencia y otras instituciones del Estado. A lo que habría que añadir connivencia y colaboración con la dictadura y sus crímenes; colaboración con la perpetración de crímenes de guerra en varias ocasiones; y conocimiento o aprobación, implícita o explícita, de la creación y las actividades de grupos terroristas organizados por el Estado. Ello por obviar las cuestiones más o menos personales como son las denuncias o informaciones existentes en cuestiones como paternidad, el fallecimiento de una artista en los años setenta o las informaciones sobre violencia de género (malos tratos a Sofía).

Por si todo ello no fuera suficientemente sombrío, sobre la trayectoria del rey emérito recaen también una multitud de cadáveres de distinta índole, desde los ejecutados durante el franquismo (en el que no solo estuvo de cuerpo presente, sino que ocupó puestos de enorme relevancia), hasta los cadáveres de su hermano, Carrero Blanco o su mayor rival en el trono. Todas ellas son muertes que en algún momento han sido, como mínimo, consideradas por ciertos grupos enormemente beneficiosas para su devenir profesional.

Pero es que, a día de hoy, a mí ya no me queda duda que los años posteriores a la muerte de Franco y anteriores a la elección de Felipe González como presidente del Gobierno no solo constituyeron la transición más violenta de Europa Occidental y la segunda más violenta de Europa, sino que fueron claves para el asentamiento de su reinado. El rey lo es gracias a la violencia y a los asesinatos, incluso gracias a un golpe de Estado en el que obviamente participó con anterioridad a producirse el mismo y pocos dudan que también lo hiciera el día en el que se perpetró. 

En definitiva: los asesinatos, el miedo, el terror, y la amenaza de una dictadura sangrienta acompañaron a los españoles cuando tuvieron que refrendar artimañas como la Constitución que tanto celebran unos y otros. 

La maestría consistió en someterse a los Estados Unidos, Alemania y el Vaticano. En dejar hacer. En crear un medio de comunicación que se presentara de izquierdas, pero hubiera sido fundado por franquistas como Manuel Fraga o Juan Luis Cebrián. Un medio en el que, incluso, ha tenido influencia Rodolfo Martín Villa, hombre de gran importancia en el franquismo y en el juancarlismo y ahora reclamado por la justicia argentina por crímenes en los mismos sangrientos años en los que la monarquía se asentó. Hablo de El País. El mismo diario que dijo ‘sí’ a la Constitución el 5 de diciembre de 1978 y se mantuvo ‘con la Constitución’ el 24 de febrero de 1981. Con la Constitución de Juan Carlos. Con Juan Carlos heredero de Franco.

Y, también, obviamente, el PSOE y Felipe González, con un dudoso pasado, son parte de la obra maestra. El PSOE del ‘no, pero sí’: OTAN, GAL, 135, monarquía, privatizaciones, gobierno de Mariano Rajoy, 155… El partido obrero que no ha derogado la reforma laboral ni la ley mordaza y que juega a lo mismo que el PP, salvo que en su agenda se encuentra la mujer y la homosexualidad, como si ello fuera suficiente para considerarse progresista. Y está bien que un partido no considere enfermos a los homosexuales o a la mujer, poco más que una mascota, como sí ocurre en los tres partidos españoles de derecha con más o menos inclinaciones ultras según la época del año. Pero no es suficiente. No lo es si renuncia a sus modelos de gobierno —República y federalismo—, obvia su deber moral para con los trabajadores (los ‘obreros’ de su propia nomenclatura) o impide la judicialización de los crímenes del franquismo o el comportamiento de un déspota como Juan Carlos I. Si, en resumidas cuentas, supone un pilar del postfranquismo.

Todo ello queda demostrado al leer las principales cabeceras mediáticas de nuestro país, El País y El Mundo. Mientras en el primero se pudo leer el 6 de diciembre una editorial de Soledad Gallego-Díaz (La única vez que EL PAÍS tituló “SÍ”) tan rebosante de referencias (Octavio Paz, Thomas Mann, Chris Hugues, Hannah Arendt,…) como de silencios y medias verdades en un ejercicio más de equilibrismo político que de periodismo, en el segundo nos encontramos con una opinión (Felipe VI, en el 40 aniversario de la Constitución: un discurso para pasar de puntillas) que no solo pedía más dureza al monarca sino que apostillaba que la Corona es una “institución ya indisolublemente unida, en la vida de España, a la democracia y la libertad”. 

Habría que confirmarle a la primera que la biografía del rey Juan Carlos si bien “da origen a encendidas polémicas” no es que sea “mezquino negar que de su inteligente  comprensión de lo que sucedía en España, de su sincera convicción de que la memoria solo era útil si se hacía presente como experiencia y de su habilidad política se benefició todo un país[de Juan Carlos, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo]”, sino que lo miserable es ocultar que Juan Carlos I es, a tenor de las denuncias ya relatadas, un criminal y un mafioso. Y al segundo, como mínimo, habría que puntualizarle que la Corona no es una institución indisolublemente unida a la democracia y la libertad, sino que por su propia naturaleza es justamente lo contrario: la mayor barrera que separa a los españoles de alcanzar democracia y libertad.

Porque de no ser cierto lo hasta aquí relatado, ¿cómo puede ser que la mayoría de la información relevante solo se publique en Catalunya, Euskadi o Navarra? ¿Cómo es posible que una película tan extraordinaria y reveladora como El Rey de Alberto San Juan, Valentín Álvarez, Guillermo Toledo y Alberto Bermejo no se estrene en casi todas las salas del país? ¿Cómo puede ser que ninguna cadena de televisión de ámbito nacional se atreviera a emitir el documental sobre las cloacas de Interior cuando ha alcanzado millones de visionados en internet?

Los que lean El País y El Mundo sin tener la suerte de ver TV3, ETB o El Rey habrán perdido la oportunidad de contrastar las mencionadas opiniones con la fuerza, valentía y extraordinaria calidad artística de la mencionada película o las informaciones que en diciembre pasado aseveraban que la reina Letizia tendría una cuenta por valor de ocho millones de euros (Xabier Lapitz en los programas En Jake de ETB y FAQs, en TV3).

Así pues, si bien discutimos si España es una organización criminal al servicio de un mafioso con apariencia democrática o una democracia, lo que nadie puede poner en duda es que se trata de la obra maestra de Juan Carlos I.

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