Corrupción

Los funcionarios exigen que se desmantele la gigantesca "administración paralela" de la Junta de Andalucía

Daniel Bellaco - 19 de febrero de 2019

Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía

Tras la sentencia del Tribunal Supremo que advertía que los empleados de las agencias empresariales de la Junta de Andalucía no pueden tramitar subvenciones, ni pedir su devolución o hacer inspecciones, los funcionarios han exigido al nuevo gobierno de PP y C’s que actúen en consecuencia.

Para poder realizar estas funciones tienes que haber ganado una oposición y no ser un “enchufado” de la administración paralela, como aseguraban los partidos de la oposición cuando gobernaba el PSOE-A de Susana Díaz.

La Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública ha enviado dos cartas a Juanma Moreno y Juan Marín, presidente y vicepresidente de la Junta, en las que les piden que devuelvan a los funcionarios “la gestión ordinaria de la actividad pública” que se había dejado en manos de los empleados de la gigantesca “administración paralela”.

«Esta es la única forma real de garantizar a los ciudadanos que las potestades públicas las realiza exclusivamente el personal funcionario, (…) sin necesidad de intermediarios ni entes instrumentales interpuestos», destacan en las cartas que piden “sin demora” vuelvan los “controles de Derecho Administrativo que previamente eliminó el PSOE”.

Con la llamada “ley del enchufismo” de 2010, 23.000 empleados de la administración paralela supuso dar tareas administrativas a personas que “sin haber realizado proceso selectivo constitucional alguno” gestionaran subvenciones millonarias y atribuye “la gestión ordinaria de las funciones administrativas a entes instrumentales, agencias públicas empresariales, regidos fundamentalmente por derecho privado”.

En la actualidad, en la maraña de agencias, consorcios, empresas públicas y fundaciones creada por el PSOE-A de Susana Díaz trabajan 27.304 personas.

El Supremo ve “con preocupación” que estos empleados tramiten expedientes públicos y que estarían viciados de ilegalidad los actos hechos por personal que no es funcionario en esta materia.
Por ello los funcionarios piden al nuevo gobierno que en aras de garantizar “la neutralidad de las actuaciones públicas y la seguridad jurídica de los ciudadanos” revierta el modelo creado por la organización PSOE-A cuando mantuvo el poder.

De hecho, el dar a los empleados de la “administración paralela” estas atribuciones exclusivas de los funcionarios ha supuesto el “menoscabo de fondos públicos y fraudes generalizados” como los multimillonarios casos de corrupción tales como los ERE, Cursos de Formación, Invercaria, Santana, Avales de IDEA y Fondos Jeremie, entre otras causas corruptas.

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