Redacción - 8 de marzo de 2019
El Gobierno de Susana Díaz incumplió la Ley de Promoción de Igualdad de Género en Andalucía de 2007 según los datos reflejados por la Cámara de Cuentas.
Esta normativa obligaba a la Junta a mantener una presencia “equilibrada de mujeres y hombres” en los cargos de decisión que la lideresa de la organización PSOE-A incumplió de forma sistemática.
Los datos del año 2017 fiscalizado por el ente son claros y son un claro incumplimiento de la proporción legal de 40-60% de hombres y mujeres en los puestos de mando autonómicos, aquellos elegidos “a dedo”.
El 69,8% de los puestos directivos de las empresas de la Administración andaluza los coparon los hombres frente al 30,2% de mujeres.
En de los órganos colegiados en los entes instrumentales, el 62,8% de los 422 vocales eran hombres frente al 37,2%.
La Cámara de Cuantas recuerda qué es la igualdad entre hombres y mujeres: “La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, especialmente en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo”.
Entre los años 2013 y 2017, años de gobierno de Susana Díaz, el número de mujeres con responsabilidad descendió del 32,2% al 30,1%. En el informe de Evaluación de Impacto de Género sobre los presupuestos de la lideresa del PSOE-A en 2018 afirman que esta desigual manera de otorgar cargos de responsabilidad.
En la gigantesca administración paralela, donde trabajan 23.899 personas, “no se guarda dicha proporción en los mandos intermedios de las organizaciones y, menos aún, en las gerencias —donde sólo el 20,7% son mujeres—, los puestos directivos (31%) o en los órganos de gobierno (33,3%), donde la presencia es siempre minoritaria” establece el órgano fiscalizador.
En cuanto a los altos cargos políticos de la Junta, de las 13 consejerías de Susana Díaz, solo 4 tenía una “representación equilibrada por sexo en la ocupación de los puestos de alto cargo” empeorando los años anteriores con un 38,5% y un 37,9 % en las direcciones generales.
En la administración paralela, sólo una mujer estuvo en la máxima gerencia de las 18 agencias públicas. En las fundaciones, el 60% incumplió la distribución paritaria de los órganos de gobierno.
De las 16 sociedades públicas, solo una mujer ocupó cargo de gerencia.
