El Gobierno de PP y C’s en la Junta de Andalucía ha iniciado un plan de choque para duplicar las unidades de valoración integral de violencia de género (UVIVG) con el fin de dar una respuesta “rápida y sin demora” ya que en la actualidad la lista de espera para una cita es de dos meses.

A su vez, tal y como exigía VOX, los técnicos deberán estar colegiados para garantizar su cualificación.

Juan Marín, vicepresidente del Gobierno andaluz (C’s), ha anunciado estas medidas en una comparecencia ante la prensa en la que afirmó que los recursos que disponen estas unidades en la actualidad son “insuficientes” y lamentó el tiempo de espera para tener una primera cita.

El plan de choque estará dotado de 700.000 euros para la creación de ocho equipo multidisciplinares más, pasando a tener, cuando concluya su ejecución de 16 unidades en total en las ocho provincias.

El personal se verá incrementado de 51 a 81 profesionales. Su coste será asumido por la partida de 3,9 millones de euros que obtiene Andalucía en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
“Las actuaciones permitirán agilizar la valoración forense a las víctimas de violencia de género, necesaria para la adopción de medidas por parte de los jueces y magistrados”, sostuvo.

Este plan se anuncia después de que VOX cuestionara la cualificación profesional de estos equipos y que amplió pidiendo lo mismo para los conflictos sobre la tutela de menores o las unidades que investigan abusos sexuales.

En cuanto a las unidades psicosociales, encargadas de emitir informes periciales en materia de familia para los órganos judiciales, Marín ha subrayado, como pidió VOX, que estarán sus profesionales deberán estar colegiados y ha pedido información para saber si los que trabajan en las empresas externas que reciben fondos públicos lo están.

Desde el partido de extrema derecha, Francisco Serrano, ha insistido en la importancia de la cualificación profesional de los equipos psicosociales ya que los jueces toman decisiones en base a los informes emitidos por ellos reclamando que “La externalización tendría que desaparecer y los equipos integrarse dentro de la Administración” para que no queden en manos de “contratos low cost”.


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