Redacción - 30 de mayo de 2019
Jesús Jiménez López, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, es miembro del consejo rector de la Agencia IDEA, zona cero de la corrupción en Andalucía, desde noviembre de 2012 cuando fue nombrado por el Gobierno de José Antonio Griñán a propuesta de Susana Díaz, que era entonces consejera de Presidencia.
Según informa ABC, cuando la magistrada Mercedes Alaya comenzó a investigar en enero de 2014 a los gestores de la agencia por la concesión “indebida” de avales y préstamos «a determinadas empresas con la única finalidad de favorecerlas» Jiménez López era vocal.
La juez Núñez Bolaños, ha archivado la instrucción del caso avales, una causa más que cierra. Este caso afecta de lleno a la agencia IDEA, donde trabaja la cuñada de la juez controlando las transferencias presuntamente irregulares, así como el jefe del equipo jurídico de la Junta de Andalucía que sigue siendo parte del consejo mientras ha pedido archivar la causa contra cuatro ex peces gordos del ente investigados.
El diario detalla que Núñez Bolaños cerró la macrocausa precisamente porque los letrados del Gabinete Jurídico de Jiménez así lo pidieron para un exconsejero de Innovación, su exviceconsejero, un exsecretario general técnico y un exdirector de la agencia autonómica IDEA.
De hecho la juez usó frases calcadas de dicho gabinete jurídico de la Junta que curiosamente coincidía con la postura de la defensa de los investigados, que concedieron los avales.
Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular apreciaron “graves delitos” de los investigados.
ABC explica que con Jesús Jiménez dirigiendo el Gabinete Jurídico y su valedora, Susana Díaz, presidenta de la Junta, la administración andaluza se retiró de la pieza política macrocausa de los ERE, decisión muy polémica y contraria a la fiscalía anticorrupción. Además, curiosamente liberó de toda culpa a los expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 20 ex peces gordos que les acompañaban en el banquillo y pidió el archivo de este juicio bajo el argumento de que no hubo “trama criminal” ni se creó un sistema para repartir subvenciones de forma caprichosa. Algo que está demostrado para el fiscal.
Otra curiosidad, la Junta de Susana Díaz “perdonó” los 741,6 millones de euros en fianzas de responsabilidad civil que la Fiscalía exigía a los 18 procesados por malversación de fondos. La juez Alaya, a la que apartaron con engaños según ella misma denunció, llegó a ironizar con la postura de la Junta diciendo: «Parece más propia de una defensa que de una acusación particular», afirmó.
